Capítulo 6: Superar el capitalismo
6.1. No es un sistema imperfecto: es el problema
Llevamos medio siglo escuchando la misma promesa: el capitalismo se puede arreglar. Basta con regularlo mejor, redistribuir un poco más, incentivar la responsabilidad social corporativa, crear marcos de sostenibilidad, firmar pactos verdes, imponer tasas a las transacciones financieras, premiar a las empresas buenas y sancionar a las malas. La socialdemocracia hizo de esa promesa su programa histórico: no abolir el capitalismo sino domesticarlo. Ponerle correa. Mantener la fiera productiva pero impedir que devore a quienes la alimentan. Durante tres décadas —del 45 al 75, la edad dorada del Estado de bienestar europeo— pareció que funcionaba. Había crecimiento, había redistribución, había servicios públicos, había clase media. El capitalismo con rostro humano.
Esa edad dorada está muerta. Y no la mató un accidente ni una mala gestión: la mató la lógica interna del sistema que la socialdemocracia creía haber domesticado. Porque el capitalismo no es un animal que puedas mantener en un corral regulatorio indefinidamente. Es una lógica: la lógica de la acumulación sin límite, la mercantilización de todo, la conversión de cada esfera de la vida en oportunidad de beneficio. Y esa lógica, cuando encuentra un límite —regulación, derechos laborales, impuestos, protección ambiental—, no lo acepta: lo erosiona. Sistemáticamente. Pacientemente. Década tras década. Hasta que el límite desaparece.
Es exactamente lo que ocurrió. El capital, que durante los años dorados había aceptado el pacto socialdemócrata porque la alternativa —revolución comunista— era peor, dejó de necesitar ese pacto cuando la Unión Soviética colapsó. Sin amenaza sistémica, el capital ya no tenía incentivo para ceder nada. Y empezó a recuperar todo lo cedido. Desregulación financiera: Reagan, Thatcher, Clinton firmando la derogación de Glass-Steagall que separaba banca comercial de banca de inversión. Privatización de servicios públicos: agua, electricidad, telecomunicaciones, ferrocarriles, a veces sanidad y educación, vendidos a precio de saldo a corporaciones que convirtieron derechos en productos. Erosión de derechos laborales: precarización, temporalidad, subcontratación, falsos autónomos, gig economy. Reducción de impuestos a las rentas del capital y a las grandes fortunas: del setenta por ciento de tipo marginal en los años setenta al treinta o menos en la mayoría de países de la OCDE, mientras los paraísos fiscales absorbían billones que deberían haber financiado hospitales, escuelas y pensiones.
El resultado está documentado con precisión contable. Oxfam publica cada año cifras que deberían provocar insurrecciones y apenas provocan titulares de un día. En 2024: el uno por ciento más rico posee más riqueza que el noventa y cinco por ciento restante de la humanidad combinado. Los cinco hombres más ricos del planeta han duplicado su fortuna desde 2020 mientras la pobreza global ha aumentado por primera vez en décadas. Desde 1995, el uno por ciento más rico ha capturado casi dos tercios de toda la nueva riqueza generada en el mundo. No son estadísticas abstractas: son la traducción numérica de un sistema que funciona exactamente como está diseñado para funcionar. El capitalismo no produce desigualdad porque esté mal regulado. Produce desigualdad porque eso es lo que hace. Es su función, no su disfunción.
El Humanismo MAX dice lo que la socialdemocracia dejó de decir hace décadas y lo que el centrismo considera impronunciable: el capitalismo es estructuralmente incompatible con la dignidad humana y con la supervivencia planetaria. No es reformable en sus fundamentos. No se arregla con mejor regulación, del mismo modo que la esclavitud no se arreglaba con mejor trato a los esclavos. Lo que hay que superar no es esta versión del capitalismo —el neoliberal, el financiero, el de plataformas— sino la lógica misma: producción orientada al beneficio privado en lugar de a la necesidad social, propiedad privada de los medios de producción como derecho absoluto, mercantilización de las condiciones de vida, acumulación ilimitada como motor del sistema.
Esto no es dogma marxista recalentado. Es diagnóstico basado en evidencia empírica del siglo XXI. El capitalismo genera desigualdad extrema: los datos de Piketty, Saez, Zucman y Chancel lo demuestran con series históricas de doscientos años. Genera destrucción ecológica: el crecimiento capitalista es termodinámicamente incompatible con un planeta finito, como documenta la ciencia del sistema terrestre. Genera alienación y enfermedad mental: las tasas de ansiedad, depresión, burnout y suicidio en las sociedades capitalistas avanzadas crecen en paralelo al PIB, como señalan estudios epidemiológicos que la economía mainstream ignora porque no caben en sus modelos. Genera crisis cíclicas que socializan pérdidas y privatizan beneficios: 2008 lo demostró con una claridad que debería haber sido definitiva y no lo fue. Convierte la vida en mercancía: la salud es negocio, la educación es negocio, la vivienda es negocio, el agua es negocio, los datos personales son negocio, la atención humana es negocio. Lo que no es negocio no existe.
La objeción previsible: ¿y la alternativa? ¿No probamos ya con el comunismo y fue peor? El Humanismo MAX responde con honestidad y sin nostalgia. Sí, el socialismo real del siglo XX fue catástrofe: autoritarismo, planificación central ineficiente, represión brutal, desastre ecológico —Chernóbil, el Mar de Aral—, eliminación de libertades civiles, culto al líder, burocratización kafkiana. El Humanismo MAX condena la URSS de Stalin, la China de Mao, la Camboya de Pol Pot y la Cuba de Castro con la misma contundencia con la que condena el capitalismo. No somos nostálgicos de ningún régimen. No queremos repetir el siglo XX. Queremos superarlo.
Y superar el capitalismo no significa volver a la planificación central ni a la propiedad estatal de todo ni al partido único que sabe lo que el pueblo necesita. Significa construir formas económicas que el siglo XXI ya está ensayando en los márgenes y que necesitan escala: cooperativas de producción y consumo donde los trabajadores son propietarios y deciden democráticamente. Comunes digitales donde el conocimiento, el software y los datos son bienes compartidos y no mercancía privada. Economías de cuidado donde el trabajo reproductivo —criar, cuidar, sostener la vida— se reconoce, se valora y se remunera en lugar de invisibilizarse. Servicios públicos universales desmercantilizados donde salud, educación, vivienda y agua se garantizan como derechos incondicionados. Planificación democrática de sectores estratégicos donde las grandes decisiones sobre energía, transporte, alimentación y tecnología se toman con participación ciudadana y criterio de bien común, no de beneficio corporativo.
Nada de esto es fantasía. Las cooperativas de Mondragón en el País Vasco generan empleo estable, riqueza local y resiliencia económica desde hace setenta años. Wikipedia produce la mayor enciclopedia de la historia sin ánimo de lucro. Linux sostiene la infraestructura digital global como software libre. Las redes de agroecología alimentan comunidades enteras al margen del agronegocio. Los sistemas públicos de salud universales —cuando no los desmantelan— producen mejores resultados sanitarios a menor coste que los sistemas privados. Lo que falta no es modelo alternativo: lo que falta es poder político para generalizarlo frente a la resistencia de quienes se benefician del modelo actual.
El capitalismo no es el fin de la historia. Es una fase. Una fase que produjo desarrollo tecnológico y material sin precedentes —eso es innegable— pero que ha alcanzado un punto donde su lógica de acumulación infinita choca frontalmente contra los límites del planeta y contra la dignidad de la mayoría de la humanidad. Superar esa fase no es locura ni nostalgia: es la única respuesta racional a un sistema que, literalmente, está destruyendo las condiciones de vida en la Tierra mientras enriquece a un puñado de personas que planean escapar a Marte.
Nosotros no queremos escapar a Marte. Queremos hacer habitable la Tierra. Y para eso hay que cambiar el sistema que la está destruyendo. No reformarlo. Cambiarlo.
6.2. Las clases existen: no es odio, es cartografía
Hay una frase que funciona como conjuro. Pronúnciala en un debate televisivo, en una cena con amigos ilustrados o en un consejo de administración y observa el efecto: “Eso es lucha de clases”. Funciona siempre. Quien la dice no necesita argumentar: basta con evocar el fantasma. Lucha de clases es cosa de marxistas trasnochados, de barricadas del siglo XIX, de lenguaje soviético que huele a naftalina y a gulag. Decir que las clases existen es mala educación. Decir que tienen intereses antagónicos es radicalismo. Decir que el sistema económico está diseñado para beneficiar a unas sobre otras es conspiranoia. Mejor hablar de “clases medias”, de “emprendedores”, de “creadores de empleo”, de “tejido productivo”. Mejor no nombrar.
El capitalismo necesita esa ceguera. Necesita que las clases no se nombren para que no se vean. Necesita que la desigualdad se perciba como accidente, como resultado de diferencias individuales de talento y esfuerzo, como lotería natural que distribuye suerte y desgracia sin patrón identificable. Necesita, sobre todo, que quien está abajo crea que su posición es temporal —”aún no soy rico, pero puedo serlo”— y que quien está arriba crea que su posición es merecida —”estoy aquí porque trabajé más, arriesgué más, soy mejor”—. La meritocracia es la anestesia que el capitalismo usa para que la operación de extracción no duela. Y funciona. Funciona tan bien que millones de personas defienden un sistema que las explota porque creen que algún día estarán del otro lado.
El Humanismo MAX rompe esa anestesia. No por nostalgia marxista sino por honestidad empírica. Las clases sociales existen. Sus intereses son estructuralmente antagónicos bajo el capitalismo. Y nombrarlas no es odio de clase: es cartografía del poder. Del mismo modo que nombrar un tumor no es odiar al paciente sino diagnosticar la enfermedad, nombrar la estructura de clases no es odiar a nadie sino describir cómo funciona el sistema.
¿Qué son las clases en el siglo XXI? No son las mismas que describió Marx en el XIX, aunque su intuición fundamental siga vigente. La estructura se ha complejizado, fragmentado, deslocalizado. Pero la lógica de fondo permanece: hay quienes poseen los medios de producción —y hoy eso incluye plataformas digitales, patentes, datos, infraestructura financiera— y quienes venden su trabajo para vivir. Hay quienes extraen renta y quienes la generan. Hay quienes deciden las condiciones del juego y quienes las aceptan porque no tienen alternativa.
La novedad del siglo XXI es la escala de la concentración y la sofisticación del mecanismo. No estamos ante capitalistas industriales del tipo Dickens que explotan obreros en fábricas visibles. Estamos ante un entramado donde un puñado de fondos de inversión —BlackRock, Vanguard, State Street— posee participaciones significativas en prácticamente todas las grandes corporaciones del planeta simultáneamente. BlackRock gestiona más de diez billones de dólares en activos: más que el PIB de cualquier país excepto Estados Unidos y China. Larry Fink no fabrica nada, no emplea directamente a casi nadie fuera de su firma, no produce un solo tornillo ni una sola línea de código. Pero sus decisiones de inversión determinan qué empresas crecen y cuáles quiebran, qué sectores se financian y cuáles se abandonan, qué países reciben capital y cuáles son castigados. Eso es poder de clase. Enorme, concentrado, global y prácticamente invisible para quien no mire.
La fragmentación de la clase trabajadora es el otro lado de la moneda. El capital se ha globalizado y concentrado. El trabajo se ha precarizado y atomizado. Ya no hay una clase obrera homogénea con conciencia de sí misma, sindicada, organizada en partidos de masas. Hay un mosaico: el repartidor de Glovo que no es empleado sino “colaborador autónomo”, la profesora interina encadenando contratos temporales durante quince años, el programador que cobra bien pero puede ser despedido mañana cuando la IA haga su trabajo, la camarera de hotel con jornada partida que pasa más horas en el transporte público que con sus hijos, el médico residente que trabaja treinta y seis horas seguidas por un salario que no le permite alquilar un piso en la ciudad donde salva vidas. Fragmentados, aislados, compitiendo entre sí por migajas, convencidos de que su problema es individual —no encontré el trabajo adecuado, no estudié lo correcto, no emprendí a tiempo— cuando su problema es estructural: un sistema que necesita trabajo barato, abundante, flexible y aterrorizado para mantener los márgenes de beneficio que los accionistas exigen.
La ideología meritocrática es el pegamento que mantiene esta estructura sin que se desmorone por la revuelta de quienes la sostienen. Michael Young acuñó el término “meritocracia” en 1958 como sátira distópica: imaginaba una sociedad donde la jerarquía se justificaba por el mérito y donde, por tanto, los de abajo no solo eran pobres sino culpables de su pobreza. Sesenta años después, la sátira es programa de gobierno. La meritocracia dice: si eres pobre es porque no te esforzaste lo suficiente. Si eres rico es porque lo mereces. Si fracasas, la culpa es tuya. Si triunfas, el mérito es tuyo. El sistema desaparece. La estructura se evapora. Solo quedan individuos que ganan o pierden en una competición supuestamente justa.
Pero la competición no es justa. Nunca lo fue. Los datos sobre movilidad social lo demuestran con brutalidad. El mejor predictor de los ingresos de una persona en la mayoría de países de la OCDE es el nivel de ingresos de sus padres. En Estados Unidos, un niño nacido en el quintil más pobre tiene un cinco por ciento de probabilidad de llegar al quintil más rico. Cinco por ciento. En España, la movilidad intergeneracional está estancada desde los años ochenta. En Reino Unido, los estudios de la Social Mobility Commission muestran que el origen socioeconómico sigue determinando oportunidades educativas, laborales y de salud con la misma fuerza que hace treinta años. La meritocracia no describe la realidad: la oculta. Y al ocultarla, la perpetúa.
El Humanismo MAX no propone invertir la pirámide. No quiere que los de abajo pasen arriba y los de arriba pasen abajo. Quiere abolir la pirámide. Abolir la estructura que produce arriba y abajo como resultado necesario de su funcionamiento. Eso no significa igualdad absoluta de ingresos —las diferencias pueden existir si reflejan diferencias reales de contribución, responsabilidad o esfuerzo, y si se mantienen dentro de límites que no generen poder político ilegítimo—. Significa abolir la lógica que permite a una persona acumular cien mil millones mientras otra rebusca en contenedores. Significa abolir la ficción de que esa diferencia es natural, merecida o inevitable.
¿Cómo se traduce esto? En medidas que ya se discuten en los márgenes de la política convencional y que el Humanismo MAX quiere llevar al centro.
Límites a la acumulación de riqueza. No confiscación total sino techo. ¿Cuánto es suficiente? Esa es una decisión que la sociedad debe tomar democráticamente. Pero el principio es claro: en algún punto, la acumulación deja de ser recompensa y se convierte en poder sobre los demás. Cuando tu fortuna te permite comprar medios de comunicación, financiar partidos políticos, influir en legislación, adquirir infraestructura digital que media la existencia de miles de millones de personas —cuando tu dinero te convierte en poder político no electo—, la democracia tiene derecho a decir basta. No por envidia. Por supervivencia democrática.
Propiedad democrática de sectores estratégicos. No estatismo burocrático del siglo XX sino formas múltiples de propiedad social: cooperativas, empresas con participación mayoritaria de trabajadores, servicios públicos con gobernanza participativa, comunes gestionados por comunidades. Que la energía, la vivienda, la banca básica, las telecomunicaciones y los datos no sean propiedad de accionistas que buscan rentabilidad sino bienes comunes gestionados para el bien común.
Reconocimiento del trabajo invisible. El capitalismo solo reconoce como trabajo lo que pasa por el mercado. Pero la economía real —la que sostiene la vida— incluye cantidades inmensas de trabajo no remunerado: cuidado de hijos, atención a personas dependientes, trabajo doméstico, sostenimiento comunitario. Trabajo realizado mayoritariamente por mujeres. Trabajo que, si se detuviera un solo día, el sistema entero colapsaría. Reconocer, valorar y remunerar ese trabajo no es política de género: es justicia económica elemental.
Las clases existen. Nombrarlas no es rencor: es lucidez. Y la lucidez es condición necesaria para la emancipación. Porque no puedes liberarte de lo que no ves. No puedes transformar lo que no nombras. Y no puedes superar una estructura que la ideología dominante te ha enseñado a creer que no existe.
Existe. Se llama capitalismo. Y superarlo es el proyecto político de nuestra generación.
6.3. Lo que no se vende: salud, educación, vivienda, agua
Hay una pregunta que el capitalismo necesita que no hagamos: ¿todo se puede comprar y vender? Porque si la respondes honestamente, su lógica se quiebra. ¿Se puede comprar y vender un riñón? La mayoría dice que no. ¿Se puede comprar y vender un bebé? La mayoría dice que no. ¿Se puede comprar y vender un voto? La mayoría dice que no. ¿Se puede comprar y vender el acceso a un hospital cuando te estás muriendo? Aquí la mayoría duda. Y en esa duda vive el capitalismo: en la zona gris donde las condiciones básicas de la existencia se convierten en mercancía sin que nadie pueda señalar el momento exacto en que dejaron de ser derechos.
El Humanismo MAX disuelve esa zona gris. Los servicios esenciales —salud, educación, vivienda, agua— no son mercancías. Son condiciones de posibilidad de una vida digna. Sin salud no hay libertad posible: estás a merced de la enfermedad y de quien pueda curarte. Sin educación no hay ciudadanía posible: estás a merced de quien sabe más y puede manipularte. Sin vivienda no hay seguridad posible: estás a merced de la intemperie y de quien posee el techo. Sin agua no hay vida posible: punto. Estas no son necesidades que el mercado pueda satisfacer mejor o peor según la oferta y la demanda. Son prerrequisitos de la existencia humana que deben estar garantizados incondicionalmente, antes de cualquier lógica de mercado, antes de cualquier cálculo de rentabilidad, antes de cualquier consideración sobre quién puede pagarlos.
La salud primero, porque es donde la obscenidad se ve más clara. Estados Unidos gasta más en sanidad per cápita que cualquier otro país del mundo —más de doce mil dólares por persona al año— y tiene peores resultados de salud que la mayoría de países europeos que gastan la mitad o menos. Mayor mortalidad infantil, menor esperanza de vida, peores indicadores en enfermedades crónicas. ¿La explicación? El dinero no va a curar gente: va a alimentar un sistema donde las aseguradoras maximizan beneficios denegando cobertura, donde las farmacéuticas fijan precios según lo que el paciente desesperado puede pagar y no según el coste real de producción, donde un vial de insulina que cuesta dos dólares fabricarlo se vende por trescientos, donde un paciente con cáncer tiene que elegir entre tratamiento y bancarrota. Martin Shkreli compró los derechos de Daraprim —un fármaco esencial contra infecciones parasitarias— y subió el precio de 13,50 a 750 dólares por pastilla de la noche a la mañana. No violó ninguna ley. El mercado funcionó exactamente como está diseñado para funcionar: maximizó beneficio. Que el beneficio se extrajera de la desesperación de enfermos era irrelevante para la lógica del sistema.
Frente a eso, los sistemas públicos universales. El NHS británico, creado en 1948 sobre el principio de que la sanidad debe ser gratuita en el punto de acceso y financiada con impuestos generales. El sistema español de salud, universal desde 1986, que con una inversión per cápita significativamente menor que la estadounidense produce resultados sanitarios superiores. Los sistemas nórdicos, con sus variantes, que combinan universalidad con alta calidad. ¿Son perfectos? No. Están infrafinanciados porque cuarenta años de política neoliberal los han erosionado. Tienen listas de espera porque los presupuestos no crecen al ritmo de las necesidades. Sufren privatización encubierta —la externalización de servicios a empresas que buscan beneficio donde debería haber atención—. Pero su principio es correcto: que nadie muera o sufra porque no puede pagar. Ese principio no se mejora metiendo más mercado. Se mejora sacando el mercado y metiendo más recursos públicos.
La educación es el segundo frente. El proceso de mercantilización educativa lleva décadas avanzando con una retórica que suena razonable y es venenosa: “excelencia”, “competitividad”, “empleabilidad”, “capital humano”. Cada uno de esos términos transforma la educación de derecho en inversión, de bien público en producto individual, de herramienta de ciudadanía en herramienta de mercado laboral. Si la educación es inversión en capital humano, entonces tiene sentido que quien la paga obtenga mayor rendimiento. Tiene sentido que las universidades compitan por alumnos como las empresas compiten por clientes. Tiene sentido que el endeudamiento estudiantil sea “financiación” de tu futuro laboral. Tiene sentido que las humanidades desaparezcan porque no son “empleables”. Tiene sentido todo lo que destruye la educación como bien común y la convierte en máquina de producir trabajadores adaptados a las necesidades del capital.
En Estados Unidos, la deuda estudiantil supera el billón y medio de dólares. Más de cuarenta y tres millones de personas arrastran deudas por haberse educado. Jóvenes que empiezan su vida adulta debiendo decenas o cientos de miles de dólares porque tuvieron la osadía de querer estudiar. En el Reino Unido, desde que el gobierno triplicó las tasas universitarias en 2012, la composición social de las universidades ha empezado a desplazarse: menos hijos de clase trabajadora, más autocensura en la elección de carrera —mejor estudiar finanzas que filosofía, porque hay que devolver el préstamo—. En España, los recortes post-2012 elevaron tasas universitarias, redujeron becas y precarizaron al profesorado hasta convertir la carrera académica en un calvario de contratos temporales encadenados durante décadas. La educación mercantilizada produce exactamente lo que el mercado necesita: trabajadores dóciles, endeudados y demasiado ocupados pagando créditos como para cuestionar el sistema.
La vivienda es quizá donde la contradicción más duele cotidianamente. Porque no es abstracción: es tu casa. El lugar donde duermes, donde crías a tus hijos, donde eres vulnerable, donde necesitas seguridad. Y el capitalismo financiero ha convertido ese lugar en activo especulativo. Fondos de inversión —Blackstone, Cerberus, Lone Star— compraron decenas de miles de viviendas en España tras la crisis de 2008, a precio de saldo, con dinero barato del Banco Central Europeo. Las mismas viviendas de las que familias habían sido desahuciadas fueron adquiridas por fondos buitre que las convirtieron en alquiler caro. El ciclo es perfecto: el sistema genera crisis, desposee a las familias, los fondos compran barato, alquilan caro, y la siguiente generación no puede permitirse ni comprar ni alquilar en la ciudad donde trabaja.
En España, los jóvenes dedican más del cuarenta por ciento de sus ingresos al alquiler en las grandes ciudades. En muchas zonas, más del cincuenta. La regla clásica de que la vivienda no debería superar el treinta por ciento de los ingresos es arqueología social: nadie la cumple salvo quienes heredaron o compraron antes de la burbuja. Mientras tanto, hay más de tres millones de viviendas vacías en el país. No hay déficit de viviendas: hay déficit de viviendas accesibles, porque el mercado no distribuye según necesidad sino según capacidad de pago. Y quien no puede pagar, que se vaya. ¿Adónde? Eso al mercado no le incumbe.
Y el agua. El recurso sin el cual todo lo demás es irrelevante. La privatización del agua ha avanzado durante décadas impulsada por el Banco Mundial, por corporaciones como Veolia y Suez, por la ideología de que la gestión privada es más eficiente que la pública. Los resultados son consistentes: sube el precio, baja la inversión en mantenimiento, se corta el suministro a quien no paga. En Cochabamba, Bolivia, la privatización del agua en 1999 —impuesta como condición para un préstamo del Banco Mundial, gestionada por una subsidiaria de Bechtel— provocó subidas de precio de hasta el trescientos por ciento y la criminalización de la recogida de agua de lluvia. La revuelta popular que siguió —la Guerra del Agua— revirtió la privatización y se convirtió en símbolo global de lo que pasa cuando conviertes en mercancía algo sin lo cual la gente muere. Berlín remunicipaliza su agua en 2013 tras un referéndum ciudadano. París lo hace en 2010. Yakarta en 2023. La tendencia se revierte porque la evidencia es demoledora: el agua privatizada no es más eficiente; es más cara y menos accesible para quien menos tiene.
El Humanismo MAX no pide que el mercado sea más amable con los pobres. Pide que ciertos bienes salgan del mercado. Que se desmercantilicen. Que su provisión no dependa de la capacidad de pago sino de la condición de persona. No es radicalismo: es lo que hacemos con los bomberos. Nadie propone que los bomberos sean servicio privado donde pagas por que apaguen el incendio de tu casa y, si no puedes pagar, que arda. Lo consideraríamos monstruoso. Pero aceptamos esa lógica para la sanidad, para la educación, para la vivienda. Aceptamos que alguien muera en una lista de espera porque no pudo pagarse un seguro privado. Aceptamos que un joven renuncie a estudiar porque no puede endeudarse. Aceptamos que una familia duerma en un coche porque el mercado decidió que su barrio es zona premium.
No deberíamos aceptarlo. Y el Humanismo MAX no lo acepta.
Desmercantilizar los servicios esenciales no es acabar con el mercado. Es ponerle límites. Es decir que hay esferas de la vida que son anteriores y superiores a la lógica del beneficio. Que hay cosas que no se compran ni se venden porque hacerlo destruye su naturaleza misma: la salud convertida en negocio deja de ser cuidado para ser extracción; la educación convertida en producto deja de ser emancipación para ser adiestramiento; la vivienda convertida en activo financiero deja de ser hogar para ser inversión; el agua convertida en mercancía deja de ser derecho para ser privilegio.
Lo que no se vende es lo que nos hace humanos. Y defenderlo del mercado es defenderlo todo.
6.4. Redistribución: no caridad, justicia
Hay una palabra que el poder ha conseguido convertir en obscenidad: redistribución. Pronúnciala y observa la reacción. Redistribuir es quitar a quien se lo merece para dárselo a quien no se lo ha ganado. Redistribuir es castigar el éxito y premiar la pereza. Redistribuir es comunismo, es envidia, es populismo. Cuarenta años de hegemonía neoliberal han conseguido que la mayoría de la población —incluida la que se beneficiaría directamente de la redistribución— la perciba como amenaza en lugar de como derecho. El mayor triunfo ideológico del capitalismo no es que los ricos se lo crean: es que los pobres también.
El Humanismo MAX recupera la palabra y la carga con lo que siempre significó: justicia distributiva. No caridad. No goteo. No limosna fiscal disfrazada de ayuda social. Justicia. La riqueza es producción social: nadie la genera solo. Ningún multimillonario amasa su fortuna en un vacío. La amasa sobre infraestructura pública que otros financiaron —carreteras, educación, sanidad, investigación básica, sistema judicial, estabilidad política—. La amasa con trabajo ajeno que se remunera por debajo de lo que produce. La amasa extrayendo recursos naturales que son patrimonio colectivo. La amasa beneficiándose de un marco legal que protege su propiedad con policía, tribunales y cárceles que paga el conjunto de la sociedad. Jeff Bezos no construyó Amazon solo: la construyeron miles de ingenieros formados en universidades públicas, millones de repartidores que revientan sus cuerpos por salarios miserables, una infraestructura de internet desarrollada con fondos públicos, un sistema postal y de transporte mantenido con impuestos. Que Bezos acumule doscientos mil millones mientras sus trabajadores mean en botellas porque no tienen tiempo para ir al baño no es mérito: es extracción.
La apropiación privada ilimitada de riqueza socialmente producida es robo legalizado. El Humanismo MAX lo dice sin rodeos. No porque odie a los ricos sino porque los números son incompatibles con cualquier noción de justicia. Cuando las veintiséis personas más ricas del mundo poseen tanto como los tres mil ochocientos millones más pobres —dato de Oxfam que se repite cada año con cifras ligeramente peores—, no estamos ante un sistema imperfecto que necesita ajustes. Estamos ante un mecanismo de extracción que funciona exactamente como está diseñado. Redistribuir no es corregir una anomalía: es desmontar el mecanismo.
Primer instrumento: impuestos progresivos reales. No los que existen ahora, que son progresivos sobre el papel y regresivos en la práctica. Porque el sistema fiscal actual tiene un agujero estructural que todo el mundo conoce y nadie cierra: las rentas del capital tributan menos que las rentas del trabajo. Quien vive de su salario paga un tipo efectivo mayor que quien vive de dividendos, plusvalías y ganancias financieras. Warren Buffett lo dijo con una honestidad que debería haber provocado una revolución fiscal: “Pago un tipo impositivo menor que mi secretaria”. No es excepción. Es norma. En la mayoría de países de la OCDE, el tipo marginal máximo sobre las rentas del trabajo supera al tipo sobre las rentas del capital. El trabajo se grava más que la riqueza. Quien suda paga más que quien acumula. Y eso no es accidente: es diseño legislativo hecho a medida por quienes se benefician de él, a través de los lobistas que redactan las leyes fiscales que los parlamentos aprueban sin entender.
El Humanismo MAX propone una reforma fiscal de raíz. Equiparación total de la tributación de rentas del trabajo y del capital: un euro ganado trabajando tributa igual que un euro ganado especulando. Impuesto sobre el patrimonio neto global, del tipo que proponen Piketty, Saez y Zucman: una tasa anual sobre la riqueza total que, por pequeña que sea —un dos por ciento anual sobre patrimonios superiores a diez millones de euros—, generaría recursos suficientes para financiar transiciones ecológicas, servicios públicos universales y renta básica. Impuesto sobre transacciones financieras —la tasa Tobin, propuesta hace medio siglo y bloqueada sistemáticamente por el lobby bancario— que grave cada operación especulativa y frene la hipervelocidad del casino financiero global. Y tipos marginales máximos que reflejen la realidad: en los años cincuenta y sesenta —la edad dorada del capitalismo que los propios capitalistas celebran— el tipo marginal en Estados Unidos superaba el noventa por ciento. La economía no colapsó. La innovación no se detuvo. La clase media creció. Los ricos seguían siendo ricos. Simplemente no eran oscenamente ricos.
Segundo instrumento: fin de los paraísos fiscales. La evasión y elusión fiscal global priva a los Estados de entre cuatrocientos y seiscientos mil millones de dólares anuales según estimaciones del Tax Justice Network. Dinero que debería financiar hospitales, escuelas, pensiones e infraestructura se evapora hacia jurisdicciones opacas donde tributa al cero o casi cero por ciento. Islas Caimán, Bermudas, Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Delaware. No son agujeros exóticos en el mapa: son piezas diseñadas del sistema financiero global, creadas y protegidas por los mismos países que luego se lamentan de no tener dinero para servicios públicos. La hipocresía es arquitectónica. Los Panama Papers, los Paradise Papers, los Pandora Papers revelaron la magnitud del saqueo: presidentes, primeros ministros, oligarcas, corporaciones, todos con estructuras offshore diseñadas para evadir impuestos. Las revelaciones provocaron escándalo mediático y reformas cosméticas. Las estructuras siguen intactas.
Acabar con los paraísos fiscales es técnicamente posible. El acuerdo de impuesto mínimo global del quince por ciento impulsado por la OCDE en 2021 fue un primer paso —ridículamente tímido: quince por ciento es menos de lo que paga un asalariado medio— pero demostró que la coordinación internacional es posible cuando hay voluntad. Lo que falta es voluntad real. Porque los paraísos fiscales no existen por accidente: existen porque benefician a quienes tienen el poder de mantenerlos. Cerrarlos requiere lo que el Humanismo MAX propone para todo lo demás: poder ciudadano organizado que haga más costoso mantener la injusticia que desmontarla.
Tercer instrumento: límites a la acumulación. No existe argumento moral que justifique que una persona posea cien mil millones de euros. No existe nivel de talento, esfuerzo, riesgo o innovación que justifique una fortuna cuyo gasto completo es físicamente imposible en una vida humana. Cuando alguien acumula esa cantidad, lo que tiene ya no es dinero: es poder. Poder para comprar medios de comunicación. Poder para financiar partidos. Poder para moldear legislación. Poder para decidir el destino de millones de personas sin haber sido elegido por nadie. La acumulación ilimitada de riqueza es acumulación ilimitada de poder político no democrático. Y una democracia que permite la acumulación ilimitada de poder político no democrático es una contradicción en sus propios términos.
El Humanismo MAX propone un techo. ¿Dónde exactamente? Es decisión democrática, no decreto ideológico. Pero el principio es innegociable: existe un punto a partir del cual la riqueza individual se convierte en amenaza para la democracia y debe ser limitada. Del mismo modo que limitamos la velocidad en carretera no porque odiemos a los conductores rápidos sino porque la velocidad excesiva mata, limitamos la acumulación no porque odiemos a los ricos sino porque la concentración excesiva de riqueza mata la democracia.
Cuarto instrumento: renta básica universal. Un ingreso incondicional, individual, suficiente para una vida digna, garantizado a toda persona por el hecho de existir. No prestación condicionada a demostrar que eres suficientemente pobre, suficientemente sumiso, suficientemente agradecido. No subsidio que se retira en cuanto encuentras un empleo precario que paga menos que el subsidio. Ingreso universal, incondicional, como derecho de ciudadanía.
La objeción de siempre: la gente dejará de trabajar. Los datos dicen lo contrario. Los experimentos de renta básica —Finlandia 2017-2018, Stockton (California) 2019-2021, el programa GiveDirectly en Kenia, el piloto de Barcelona— muestran consistentemente lo mismo: la gente no deja de trabajar. Trabaja distinto. Busca empleo con menos desesperación y, por tanto, acepta mejores condiciones. Emprende proyectos que antes no podía porque no tenía colchón. Cuida a familiares sin tener que elegir entre cuidar y comer. Estudia, se forma, mejora sus capacidades. La salud mental mejora. El estrés disminuye. La criminalidad baja. La objeción de que la gente dejará de trabajar no es empírica: es ideológica. Es la antropología del desprecio que necesita creer que los seres humanos son vagos por naturaleza y que solo el miedo al hambre los pone en movimiento. Es la misma antropología de la esclavitud: sin látigo no hay trabajo.
La renta básica universal no es limosna futurista. Es el suelo de dignidad que permite que la libertad sea real y no nominal. Porque la libertad del trabajador que acepta cualquier condición porque la alternativa es la miseria no es libertad: es chantaje. Y un sistema que necesita el chantaje de la miseria para funcionar no merece llamarse libre.
Redistribuir no es quitar. Es devolver. Devolver a la sociedad lo que la sociedad produjo y que unos pocos se apropiaron. No por maldad individual —la mayoría de los ricos no son malvados, son beneficiarios de un sistema que les favorece— sino por lógica estructural. El capitalismo extrae riqueza de abajo hacia arriba con la eficiencia de una bomba hidráulica. Redistribuir es invertir el flujo. No para que los de arriba caigan sino para que los de abajo se levanten. No por envidia sino por justicia. No por odio sino por dignidad.
Y la dignidad, como hemos dicho, no se negocia.
6.5. Nuestros datos, nuestra riqueza: el expolio digital
Hay un robo que cometemos contra nosotros mismos cada día sin darnos cuenta. Cada vez que abres Instagram, produces valor. Cada búsqueda en Google, cada recorrido con Google Maps, cada compra en Amazon, cada conversación en WhatsApp, cada latido que registra tu reloj inteligente, cada foto que subes, cada artículo que lees, cada segundo que pasas dudando entre dos productos: todo eso es trabajo. Trabajo no reconocido, no remunerado, no negociado. Trabajo que genera datos. Y los datos son, según todas las métricas disponibles, el recurso más valioso del siglo XXI. Más que el petróleo, más que el gas, más que el oro. La diferencia es que cuando una petrolera extrae crudo de tu territorio, al menos sabes que te están sacando algo. Cuando una plataforma extrae tus datos, ni siquiera lo percibes. Es el extractivismo perfecto: la mina eres tú y no lo sabes.
Los números son de vértigo. La economía de datos global se estima en más de doscientos setenta mil millones de dólares anuales y crece exponencialmente. Los ingresos de Alphabet —la matriz de Google— en 2023 superaron los trescientos mil millones de dólares. Los de Meta, ciento treinta y cinco mil millones. ¿De dónde sale ese dinero? De publicidad. ¿Y qué vende esa publicidad? Acceso a ti. A tu perfil, a tus hábitos, a tus deseos, a tus vulnerabilidades, a tu atención. Las plataformas no venden productos: te venden a ti a los anunciantes. Y la materia prima con la que fabrican ese producto eres tú: tus datos, tu actividad, tu vida digital convertida en paquete comercializable. Shoshana Zuboff lo llamó capitalismo de la vigilancia. El nombre es preciso: un sistema donde la vigilancia permanente de tu comportamiento es el modelo de negocio.
Lo extraordinario no es que ocurra. Es que lo hemos normalizado. Aceptamos términos de servicio que nadie lee —estudios muestran que leer todos los términos de privacidad con los que el usuario medio se encuentra al año llevaría setenta y seis jornadas laborales completas— y que, si los leyéramos, nos horrorizarían. Cedemos acceso a nuestra ubicación, nuestros contactos, nuestro micrófono, nuestra cámara, nuestro historial médico, nuestros patrones de sueño, nuestras conversaciones íntimas. Lo cedemos a cambio de un servicio que percibimos como gratuito y que, por supuesto, no lo es. Si no pagas por el producto, el producto eres tú. La frase se ha repetido tanto que ha perdido fuerza. Pero sigue siendo verdad. Y la verdad que contiene es más grave de lo que parece: no solo nos roban datos, nos roban agencia. Porque quien tiene tus datos tiene poder sobre ti. Sabe qué te motiva, qué te asusta, qué te enfada, qué te hace comprar, qué te hace votar, qué te hace vulnerable. Y puede usar ese conocimiento para manipularte con una precisión que ningún dictador del siglo XX soñó.
Cambridge Analytica no fue anomalía: fue demostración. Ochenta y siete millones de perfiles de Facebook extraídos sin consentimiento informado, utilizados para construir modelos psicográficos de votantes, empleados en las campañas de Trump 2016 y del Brexit. ¿Funcionó? El debate sobre su eficacia exacta sigue abierto. Pero lo que no está en debate es que fue posible. Que una empresa privada pudo acceder a datos masivos de ciudadanos, perfilarlos psicológicamente y usar esos perfiles para intentar manipular procesos electorales. Y que la única consecuencia fue una multa a Facebook —cinco mil millones de dólares, que suena impresionante hasta que descubres que es menos de un mes de ingresos de la compañía— y el cierre de Cambridge Analytica, cuyos fundadores abrieron otras empresas y siguieron operando.
El Humanismo MAX afirma un principio que debería ser evidente y que resulta revolucionario en el contexto actual: los datos que generamos colectivamente son producción social y no pueden ser propiedad privada de las plataformas que los extraen. Del mismo modo que el aire que respiramos no es propiedad de quien fabrica ventiladores, los datos que producimos con nuestra actividad no son propiedad de quien diseñó la aplicación donde los producimos. Google no creó tu búsqueda: tú la creaste. Meta no creó tu red social: tú y tus amigos la creásteis. Amazon no creó tu historial de compras: tú lo creaste. Las plataformas proporcionaron la infraestructura —y merecen compensación por ello—, pero se apropiaron de la producción entera. Es como si la empresa que construyó la carretera se quedara con todo lo que transportan los camiones que circulan por ella. No es servicio: es peaje extractivo.
¿Qué propone concretamente el Humanismo MAX? No la abolición de las plataformas digitales ni la fantasía de volver a un mundo sin internet. Propone cambiar radicalmente quién posee, controla y se beneficia de los datos.
Primero, propiedad colectiva de los datos. Los datos generados por la actividad ciudadana son bien común. Su explotación comercial debe generar retorno para la colectividad, no solo para los accionistas de la plataforma. Modelos posibles: fondos de datos públicos donde los beneficios de la explotación revierten en servicios colectivos. Cooperativas de datos donde los usuarios son copropietarios y cogestores de la información que generan. Fideicomisos de datos —data trusts— gestionados con mandato de interés público, como los que propone la Open Data Institute y que ciudades como Barcelona han empezado a explorar con su estrategia de soberanía digital.
Segundo, derecho efectivo al control de tus datos. No el RGPD descafeinado actual, donde el consentimiento es ficción —aceptas o no usas el servicio, no hay negociación real— y donde las empresas cumplen formalmente mientras violan sustancialmente. Derecho real a saber qué datos tuyos tiene cada empresa, con qué los cruza, a quién los vende, qué perfil han construido de ti. Derecho real a borrar no solo tus datos sino las inferencias que se han derivado de ellos —porque el perfil psicográfico que han construido con tus datos sigue existiendo y siendo explotable aunque borres los datos originales—. Derecho real a la portabilidad: llevarte tus datos de una plataforma a otra sin penalización, rompiendo el bloqueo que mantiene cautivos a miles de millones de usuarios en ecosistemas cerrados.
Tercero, interoperabilidad obligatoria. Que las plataformas no puedan funcionar como jardines amurallados donde, una vez dentro, no puedes comunicarte con quien está fuera. Que un usuario de una red social pueda interactuar con usuarios de otra sin necesidad de tener cuenta en ambas. Esto no es capricho técnico: es la condición estructural para que exista competencia real. Hoy no hay competencia porque el efecto red —tu red de contactos está en WhatsApp, así que no puedes irte de WhatsApp aunque aparezca algo mejor— funciona como monopolio de facto. La interoperabilidad rompe ese monopolio. Y por eso las plataformas la combaten con uñas y dientes.
Cuarto, infraestructura digital pública. Del mismo modo que existen carreteras públicas, bibliotecas públicas, hospitales públicos y escuelas públicas, deben existir infraestructuras digitales públicas: servidores, redes sociales, motores de búsqueda, servicios de correo y mensajería gestionados como servicio público, sin ánimo de lucro, sin publicidad, sin extracción de datos. No para prohibir las plataformas privadas sino para que exista alternativa. Para que quien no quiera entregar su vida digital a una corporación californiana tenga dónde ir. Estonia lo hace con su infraestructura digital gubernamental. Barcelona lo intentó con Decidim, su plataforma de participación ciudadana. Son embriones. Necesitan escala, inversión y voluntad política. Pero demuestran que es posible.
La objeción libertaria de siempre: la innovación la produce el sector privado, el Estado es lento e ineficiente, no te metas con las plataformas o matarás la gallina de los huevos de oro. El Humanismo MAX responde: la gallina no pone huevos de oro por genialidad corporativa. Los pone porque tres mil millones de personas le alimentan el pienso gratis cada día. La innovación de Silicon Valley se construyó sobre investigación pública —internet fue proyecto militar, la World Wide Web se inventó en el CERN, el GPS es infraestructura pública, los algoritmos de búsqueda de Google se desarrollaron con becas de la National Science Foundation—. La narrativa del emprendedor genial que crea riqueza en un garaje es mitología fundacional que oculta una verdad incómoda: la riqueza digital es producción colectiva apropiada privadamente. Y reclamar esa producción no es matar innovación: es exigir que la innovación sirva a la sociedad que la hace posible.
Los datos son la materia prima del siglo XXI. Quien los posee, posee poder. Y hoy ese poder lo poseen un puñado de corporaciones que no rinden cuentas ante nadie excepto ante sus accionistas. Eso es feudalismo digital, exactamente como lo describimos en el primer capítulo. Y la respuesta del Humanismo MAX es la misma que la humanidad dio al feudalismo territorial: democratización. Que los datos sean de todos. Que su explotación revierta en todos. Que nadie construya un imperio sobre lo que todos producimos.
Nuestros datos. Nuestra riqueza. Nuestra decisión sobre qué se hace con ellos.
