Casi setenta organizaciones piden sacar la clase de religión del horario lectivo. Los datos les dan la razón. Lo que falta es voluntad política.
Mientras las matriculaciones en religión caen, el número de profesores de la asignatura sube. Entre el curso 2013-2014 y el 2022-2023, 600.000 alumnos menos eligieron cursar religión en España. El profesorado, en el mismo período, creció un 43%: de 25.000 a 36.000 docentes. Alguien tendrá que explicar qué hacen esos 11.000 profesores adicionales para una materia que cada vez menos estudiantes quieren cursar. Sergio López, del sindicato STEM y coordinador de Escuela Laica, ya tiene una respuesta incómoda: muchos ocupan tutorías, coordinaciones de biblioteca y jefaturas de departamento. Es decir, profesorado confesional designado por la Iglesia católica tomando decisiones que afectan a todos los alumnos, sean creyentes o no.
Este es el estado real de la escuela pública española en 2026. No es una abstracción filosófica. Es una aritmética muy concreta financiada con dinero de todos.
Laicismo no es ateísmo: precisión conceptual que importa
Antes de entrar en el fondo, vale la pena limpiar el campo semántico, porque la confusión es sistemática y conveniente para quienes quieren que nada cambie. El laicismo no es antirreligión. No exige que nadie renuncie a sus creencias, ni prohíbe rezar, ni declara la fe un error. El laicismo es un principio de organización política: garantiza que las instituciones del Estado sean neutrales ante las creencias religiosas de sus ciudadanos, que ninguna confesión tenga privilegios que otras no tienen, y que el espacio público común no esté colonizado por ninguna doctrina particular.
Traducido al contexto escolar: una escuela laica no impide que un padre católico lleve a su hijo a catequesis los sábados. Lo que no permite es que esa catequesis se imparta dentro del horario escolar obligatorio, financiada por el Estado, con profesores cuyo nombramiento depende del obispo de turno y no de la Administración educativa.
La distinción importa porque sus detractores la falsifican de manera sistemática. Cada vez que alguien propone avanzar hacia una escuela más laica, aparece la acusación de persecución religiosa. Es una falacia clásica: convertir la pérdida de privilegio en víctima de discriminación.
El concordato como fósil jurídico
Los Acuerdos de Educación con la Santa Sede datan de 1979. Para quien no recuerde el contexto: España llevaba cuatro años de transición democrática, la Constitución tenía dos meses de vigencia, y el peso político y social de la Iglesia católica era tan masivo que cualquier gobierno necesitaba su aquiescencia para gobernar sin turbulencias. Esos acuerdos son, literalmente, una herencia de la correlación de fuerzas de la dictadura tardía y el miedo democrático.
La España de 2026 no es la España de 1979. Según el CIS, menos del 60% de los españoles se declara católico, y de esos, menos de la mitad practica con regularidad. En bachillerato, el 72% de los alumnos de centros públicos ya no cursa religión. La sociedad española ha votado con sus matrículas de manera inequívoca. El sistema político, en cambio, sigue atado a un concordato redactado cuando el país salía del franquismo.
Que Pedro Sánchez se comprometiera a revisar ese concordato en el 41º Congreso del PSOE de 2024 no es un dato menor. Es un compromiso electoral concreto. Que la visita del papa León XIV a España en junio se perfile como el momento político para abordarlo no es un capricho del calendario: es la oportunidad de medir si ese compromiso era una convicción o una promesa de mitin olvidada al día siguiente. “Queremos que no sea un brindis al sol”, ha pedido sin ambages Ramón Carrillo de STEM. La demanda es legítima.
El argumento contrario merece ser tomado en serio
El steel man de la posición conservadora tiene varios componentes que vale la pena articular con honestidad antes de responderlos.
Primero: los padres tienen derecho a que sus hijos reciban formación religiosa, y el Estado debe garantizarlo. Cierto, pero ese derecho no obliga al Estado a impartir la formación dentro del horario lectivo. Las familias tienen todo el derecho a la educación religiosa de sus hijos; lo que no tienen es el derecho a exigir que el resto de la sociedad la financie y la integre en el currículo oficial.
Segundo: la religión tiene valor cultural innegable y su conocimiento es necesario para entender la historia, el arte y la ética. También cierto, y nadie lo discute. Pero eso justifica una Historia de las Religiones como materia no confesional, impartida por docentes nombrados por la Administración, que estudie el fenómeno religioso como hecho humano y cultural. No justifica la catequesis confesional dentro de la escuela pública.
Tercero: el concordato es un tratado internacional y modificarlo requiere negociación bilateral, no puede hacerse unilateralmente. Jurídicamente correcto. Pero los tratados internacionales se revisan cuando las circunstancias cambian. La Iglesia católica lleva décadas negociando y adaptando sus relaciones con distintos Estados europeos. Lo que España necesita es voluntad política para sentarse a negociar, no excusas jurídicas para no hacerlo.
Una anomalía europea con nombre y apellidos
España no está sola en este debate, pero sí en posiciones singulares. Francia lleva más de un siglo con un modelo de laicidad escolar que funciona como referente. Alemania tiene un sistema de clases de religión optativas financiadas por las confesiones, no por el Estado. Portugal revisó su concordato en 2004. Incluso Italia, con una relación histórica con el Vaticano comparable a la española, ha ido modulando el peso de la religión en la escuela pública.
En España, mientras tanto, hay institutos públicos con capillas activas en sus instalaciones, como denuncia STES-Intersindical con el ejemplo del IES El Greco de Toledo. La imagen es suficientemente elocuente: un espacio sagrado de uso confesional dentro de un edificio financiado con dinero público, en una institución que debería ser neutral ante cualquier creencia.
El dato sobre los centros concertados añade otra capa de complejidad. En esos centros —muchos de titularidad religiosa pero financiados con fondos públicos— solo el 16% de los alumnos de Primaria y el 17% de los de ESO cursa actividades alternativas a la religión. La diferencia con los centros públicos (46,3% y 51,5% respectivamente) habla de una presión institucional que merece ser investigada. Que el porcentaje de alumnos que no cursa religión en centros privados concertados sea tan inferior al de los centros públicos no es un accidente estadístico: es la consecuencia de entornos donde la presión social y la jerarquía institucional funcionan como disuasorios silenciosos.
Lo que está en juego no es la fe, es la democracia
La plataforma Escuela Laica pide cosas concretas y razonables: que la asignatura de religión se imparta fuera del horario lectivo, que el profesorado de religión no ocupe funciones que afectan a todos los estudiantes, y que se elabore un Libro Blanco sobre laicidad educativa. Ninguna de estas peticiones ataca la libertad religiosa. Todas defienden que la escuela pública sea lo que su nombre indica: pública, es decir, común, neutral, abierta por igual a quien cree y a quien no cree.
Lo que está en juego no es si la religión tiene valor —lo tiene, como fenómeno humano de primer orden— sino si una institución financiada por el conjunto de la ciudadanía puede estar parcialmente subordinada a los intereses doctrinales de una confesión específica. La respuesta, en una democracia laica digna de ese nombre, debería ser sencilla.
Pero la respuesta lleva décadas aplazándose. Cada legislatura hay nuevos compromisos, nuevas ponencias, nuevas declaraciones en congresos de partido. Y cada septiembre los hijos de familias no creyentes siguen encontrando en sus horarios escolares una asignatura que sus padres no eligieron y cuyo profesorado no nombró nadie que les represente.
La visita papal de junio puede ser la coartada para actuar o para no hacerlo. El Gobierno tiene la palabra. Y la ciudadanía, los datos.
Referencias
- Plataforma Escuela Laica, campaña Por una escuela pública y laica. Religión fuera de la escuela, 2 de marzo de 2026
- Memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España (datos 2013-2014 y 2022-2023)
- LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), 2020
- Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, 3 de enero de 1979
- Popper, K. (1945). La sociedad abierta y sus enemigos. Paidós
- CIS, Barómetro de religiosidad, últimas ediciones disponibles
Médico de urgencias hospitalarias con varias décadas en la trinchera. Escribe sobre medicina, filosofía y lo que queda cuando se apaga el ruido. Vive en el Mediterráneo con un beagle que sabe más de lo que aparenta.
