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Hace cuarenta y dos años se apagó la cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo. Hoy se sabe con qué criterio, y el Puerto vuelve a esperar una fábrica que se decide lejos.
«Ya está bien de dar morfina a un enfermo. Hay que practicar la eutanasia». Lo dijo José María Lucía, presidente de Altos Hornos del Mediterráneo, en 1983, mientras ordenaba parar el horno alto número 2 del Puerto de Sagunto. Hablaba de una fábrica como de un moribundo. Al moribundo no le preguntó nadie.
La IV Planta Siderúrgica Integral, aprobada en 1971, iba a ser una acería costera moderna. Solo llegó a construirse un tren de laminación en frío, que empezó a vender en 1976 con la crisis del acero ya encima; la cabecera seguía siendo la factoría de los años veinte. En 1982, un informe de Kawasaki Steel encargado por el Gobierno de UCD recomendó poner en Sagunto el tren de bandas en caliente que le faltaba a la siderurgia española. El Gobierno de Felipe González hizo otra cosa. La cabecera se apagó en octubre de 1984 con 3.332 trabajadores en plantilla, tras un año en que la décima huelga general reunió a más de 40.000 personas. fuente
El órgano y el paciente
Para un médico, la palabra es exacta. Desde 2021, la ley española reserva la eutanasia a quien la pide por escrito y más de una vez, y exige que dos médicos y una comisión verifiquen el caso. En Sagunto faltaron las dos cosas. El paciente pedía tratamiento, y el diagnóstico confundió un órgano agotado con el cuerpo entero.
Que el órgano estaba agotado lo sabían los propios técnicos. En 1977, la Comisión Coordinadora de la Siderurgia Integral ya proponía cerrar instalaciones obsoletas en Sagunto. El economista Mikel Navarro fue más lejos en 1989: lo racional habría sido concentrar la producción en Ensidesa y cerrar las cabeceras de Sagunto y de Vizcaya. El argumento acierta con los hornos viejos, pero el Gobierno no siguió ni a Navarro ni a Kawasaki. En marzo de 1984 aprobó 187.260 millones de pesetas de inversión: 94.900 para Ensidesa, 71.860 para Altos Hornos de Vizcaya y 20.500 para el acabado de Sagunto.
Con la cabecera vieja se cerró la única opción de una acería costera moderna en el Mediterráneo español.
Esa es la tesis de los historiadores Pablo Díaz Morlán, Antonio Escudero y Miguel Ángel Sáez García, que la sostuvieron en 2008 con archivos de la Administración y de las dos empresas. La acería y el tren ampliado que Altos Hornos de Vizcaya estrenó en los ochenta se desmantelaron entre 1995 y 1998, y los hornos de Avilés se apagaron en 1998. Al norte el dolor le llegó diez años más tarde, con las obras ya pagadas. Es evidencia robusta, pero discutida: Navarro sostiene que el tren nuevo tenía que ir a Asturias, no a Sagunto. fuente
Dónde dolía menos
El ministro de Industria no se escondió detrás de la técnica. Carlos Solchaga defendió en la Comisión de Industria del Congreso, en abril de 1983, que un plan había que hacerlo «con el coste que sea», «sin necesidad de ampararse en una supuesta neutralidad técnica». Hay que agradecerle la franqueza. González lo repitió en televisión en 1984: Sagunto, dijo, era un problema político. Según el estudio de 2008, la inversión fue a Asturias y Vizcaya, las regiones más golpeadas por la crisis industrial, y el cierre a Valencia, donde el coste social calculado era menor.
Tampoco el informe que esgrimían los defensores de Sagunto era un oráculo. El propio informe aconsejaba esperar a 1989 para montar el tren nuevo, y su contrato dejaba al Ministerio corregirlo entre fase y fase. Los siderúrgicos, además, salieron con compensaciones mejores que las de otros sectores reconvertidos. Nada de eso explica la elección final. Ensidesa y los sindicatos pedían un tren nuevo. Solo Altos Hornos de Vizcaya defendía reformar los viejos. Se reformaron los viejos.
Debajo hay otra capa, y aquí la evidencia adelgaza. Los mismos autores documentan con actas de la OCDE y de la CEE que Bruselas vigilaba el proyecto de Sagunto desde 1978 y que en 1982 amenazó con controlar las importaciones de acero español, con la francesa Fos-sur-Mer sobrada de bobina. Concluyen que esa presión debió de pesar, pero no lo demuestran. Es una hipótesis plausible, y el desenlace la hace verosímil: a partir de 2001, Sagunto pasó a comprarle a Fos cerca de un millón de toneladas anuales de bobina.
Repartir el daño donde se oye menos es una decisión política, y la pagaron quienes no la tomaron.
Bichita, cuarenta años después
La empresa había levantado un pueblo a su medida, con barrios, economato, escuelas y un sanatorio. Al Grupo Salas Pombo lo llamaron Bichita por las películas de vaqueros de Wichita que echaba la tele. En 2021, un nieto de aquellos obreros describía Churruca, con sus 370 viviendas, como un barrio degradado que esperaba inversión pública. El cierre sigue en el ladrillo.
Ahora la espera es una gigafactoría de celdas. La de PowerCo, filial de baterías de Volkswagen, debía producir en septiembre de 2026; en octubre, según Valencia Plaza, la empresa ya hablaba de 2027. El 28 de septiembre, el grupo chino Gotion compró el 49 % de la planta por unos 1.100 millones de euros. PowerCo conserva el 51 % y promete más de 1.500 empleos directos en la primera fase. fuente
El dinero público entró antes. Según La Tribuna de Automoción, el proyecto había obtenido más de 260 millones de euros del Perte VEC. Si la empresa incumple, la Ley General de Subvenciones obliga a devolver lo cobrado. Esa ley no da voz. Gotion compró casi la mitad de la propiedad; el Estado, que había puesto 260 millones antes, no tiene ni una acción. fuente
La decisión sobre una comarca se toma en Wolfsburgo y en Hefei, y el territorio pone el suelo urbanizado y la subvención.
Lo que Volkswagen tiene en casa
Bastaría con pedir para Sagunto lo que Volkswagen tiene en su país. En Alemania, Baja Sajonia es accionista con minoría de bloqueo desde la ley Volkswagen de 1960, y en las grandes empresas los trabajadores eligen la mitad del consejo de supervisión desde la ley de cogestión de 1976. Aquí, cada euro de ayuda podría convertirse en capital público en lugar de subvención a fondo perdido, con la plantilla y el ayuntamiento en el consejo y un plan de salida firmado antes de la primera celda. Es la opinión de esta casa, y tiene un punto débil. En 1984 AHM ya era pública, del INI, y eso no la salvó. La propiedad pública sin voz del territorio decide igual que la privada, solo que desde Madrid.
El horno alto número 2 hizo su última colada el 24 de marzo de 1984. Es el único de los tres que sigue en pie, protegido como bien de interés cultural, y de lejos parece un monumento. De cerca es la historia clínica de un paciente al que nadie pidió consentimiento. Antes de que alguien vuelva a hablar de viabilidad en el Camp de Morvedre, habría que leerla entera.
Y preguntar al paciente.
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Referencias y fuentes consultadas
- Pablo Díaz Morlán, Antonio Escudero y Miguel Ángel Sáez García, «El desmantelamiento de la siderurgia integral del Mediterráneo español (1977-1984)», Revista de Historia Industrial
Médico de urgencias hospitalarias. Escribe sobre medicina, filosofía y, a veces, ficción: lo que queda cuando se apaga el ruido. Vive en el Mediterráneo con un beagle que sabe más de lo que aparenta.
