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Portugal rompió, España pactó, Chile votó dentro de la Constitución de Pinochet y Polonia intenta desmontar con las piezas de Ley y Justicia lo que Ley y Justicia montó. Ninguno salió gratis.
El 30 de octubre, el avión de Karol Nawrocki dio media vuelta en pleno vuelo. En Varsovia, siete jueces acababan de entrar en el Tribunal Constitucional con agentes del Servicio de Protección del Estado, después de que una de ellos, Anna Korwin-Piotrowska, suspendiera por un mes al presidente del tribunal. Nawrocki habló de toma de control. La oposición nacional-conservadora, de golpe de Estado.
Es la escena exacta de una pregunta antigua: ¿se sale de un autoritarismo con las instituciones que dejó, o hay que cambiarlas antes? Ningún país empezó con instituciones nuevas, porque a la mañana siguiente no las hay. El juez y el comisario del primer día de democracia son los del último día del régimen.
Portugal: la ruptura que castigó poco
A las doce y veinte de la madrugada del 25 de abril de 1974, Rádio Renascença emitió Grândola, Vila Morena y los capitanes salieron de los cuarteles. Por la tarde, desde las ventanas de la sede de la DGS en la Rua António Maria Cardoso, la policía política disparó contra la gente que pedía su rendición y mató a cuatro personas. Portugal rompió de verdad: disolvió la PIDE y la censura, y una Asamblea Constituyente elegida en abril de 1975 escribió la Constitución de 1976.
Castigar, castigó poco. En la muestra de juicios militares que estudió Filipa Alves Raimundo, el 68 % de las condenas no pasó de seis meses, y los dieciocho meses de prisión preventiva acabaron superando a las penas impuestas. La propia autora avisa de que su muestra no es representativa y de que buena parte del archivo de la Comisión de Extinción seguirá sellada hasta 2041: el dato es sólido en la dirección y discutible en la magnitud. fuente
En la muestra de juicios militares que estudió Filipa Alves Raimundo, el 68 % de las condenas no pasó de seis meses.
La ruptura impidió que los guardianes del régimen caído administraran la salida, y la única tutela que hubo, la del Consejo de la Revolución, era de los capitanes y acabó en 1982. Tampoco quedó vacunada: en mayo de 2025, Chega fue la segunda fuerza de la Asamblea de la República, con 60 diputados.
España: la amnistía que alcanzó a los dos lados
España hizo lo contrario: heredó el aparato y lo reconvirtió por dentro. El Tribunal de Orden Público se suprimió el 4 de enero de 1977, el mismo día en que se creó la Audiencia Nacional. Nueve meses después llegó la Ley 46/1977, de Amnistía, aprobada en el Congreso con 296 votos a favor y 2 en contra. Su artículo segundo incluía los delitos de autoridades, funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. fuente
La defensa de la Transición tiene aquí su terreno más firme. La amnistía era una exigencia de la oposición antifranquista, la propusieron juntos los grupos de UCD, socialista y comunista, entre otros, sacó de las cárceles a presos políticos y sindicalistas, y el 23 de febrero de 1981 enseñó que el riesgo militar no era un pretexto. Todo eso se sostiene. No se sostiene que los apartados sobre funcionarios fueran el precio obligado del resto: si sin ellos habría habido golpe en 1977 no lo sabe nadie, y ese contrafactual deja un hueco donde haría falta una prueba.
Lo comprobable es el saldo. Antonio González Pacheco murió en 2020 sin haber sido juzgado por ninguna tortura, seis años después de que la Audiencia Nacional rechazara extraditarlo a Argentina por considerar prescritos los hechos. La Ley de Memoria Democrática de 2022 ordena interpretar la de 1977 conforme al derecho internacional. No la deroga.
Antonio González Pacheco murió en 2020 sin haber sido juzgado por ninguna tortura, seis años después de que la Audiencia Nacional rechazara extraditarlo a Argentina.
Chile: salir por la puerta del dictador
Chile contradice la intuición. Salió por una institución del régimen: el plebiscito del 5 de octubre de 1988 lo preveía la Constitución de 1980 para ratificar al candidato de la Junta, que fue Pinochet, y el No ganó con el 55,99 % de los votos válidos. La puerta venía con marco. Jaime Guzmán, el jurista que pensó aquella Constitución, defendió en 1979, en la revista Realidad, que el orden debía obligar a los adversarios, si un día gobernaban, a hacer algo no muy distinto de lo que habrían hecho sus autores.
Pinochet siguió de comandante en jefe del Ejército hasta el 10 de marzo de 1998 y al día siguiente juró como senador vitalicio. Los senadores designados duraron hasta la reforma de 2005 y el sistema binominal, hasta 2015. Chile rechazó dos textos constitucionales nuevos, en 2022 y en 2023, y desde el 11 de marzo de 2026 lo gobierna José Antonio Kast. El ejecutor cambia cada cuatro años; el diseño de Guzmán sigue en la casa. fuente
Pinochet siguió de comandante en jefe del Ejército hasta el 10 de marzo de 1998 y al día siguiente juró como senador vitalicio.
Polonia: desmontar con las piezas del otro
Entre 2015 y 2023, Ley y Justicia ocupó el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Judicatura con leyes ordinarias, cada paso legal por separado. La coalición de Donald Tusk ganó la mayoría en octubre de 2023 y quiso deshacerlo por la vía legal, que pasa por dos guardianes. Andrzej Duda envió las reformas al Tribunal, que las tumbó. Karol Nawrocki vetó en febrero de 2026 la del Consejo; de los seis magistrados que eligió el Sejm en marzo, aceptó el juramento de dos y rechazó el de cuatro, y en mayo le dio la razón el Tribunal que preside Bogdan Święczkowski, hombre de confianza de Zbigniew Ziobro, el ministro que pilotó la reforma judicial de Ley y Justicia. La Comisión de Venecia sostuvo que el juramento presidencial debe ser protocolario. fuente
Con Europa de su parte y la llave nacional en manos ajenas, el bloque del Gobierno tomó el atajo del 30 de octubre. Aquí este texto tiene que decir algo incómodo para su propio lado: un atajo puede tener base jurídica, y la Comisión Europea ha respaldado que nombre el Sejm, y aun así regalar al adversario la palabra golpe, la que más rinde a quien vació el tribunal primero. Qué decidió la asamblea de jueces convocada para el 3 de noviembre, con el quórum en disputa, no he podido confirmarlo al cerrar este artículo.
Cambiar la cerradura con la misma mayoría
Quien tocó pronto las instituciones heredadas, con un mandato votado, pagó en justicia escasa. Quien lo dejó para después pagó en impunidad o en tutela, y Polonia lo está pagando con un tribunal que tiene dueño. Mi conclusión es una opinión, sostenida en cuatro casos que no bastan para fijar una ley: se sale siempre con las instituciones del autoritario, pero con su fecha de caducidad votada desde el primer día.
Un mandato de reforma sometido a la ciudadanía en los primeros meses, mientras la mayoría que echó al régimen todavía existe. Juramentos y promulgaciones convertidos en actos debidos, para que ningún cargo heredado guarde la llave. Ninguna amnistía para quien torturó desde un despacho público. Y juicios rápidos, antes de que la prisión preventiva sea la única condena. Chile demostró en 1988 que una mayoría votando dentro de la casa del adversario abre la puerta. No usó esa mayoría para cambiar la cerradura.
Nawrocki aterrizó aquella noche para defender un tribunal que su propio campo había ocupado. Lo que deja Polonia no es la duda de si se puede salir con las instituciones del autoritario, sino la de cuánto tiempo se puede pasar saliendo.
Referencias y fuentes consultadas
- Filipa Alves Raimundo. The Double Face of Heroes. Transitional justice and the political police (PIDE/DGS) in Portugal’s democratization, 1974-1976. Tesis de máster, Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, diciembre de
Médico de urgencias hospitalarias. Escribe sobre medicina, filosofía y, a veces, ficción: lo que queda cuando se apaga el ruido. Vive en el Mediterráneo con un beagle que sabe más de lo que aparenta.
