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Una frontera desbordada, un párrafo en el Congreso de Estados Unidos y un embajador del Likud: la factura por decir no.
El 29 de julio de 2026 el CNI mandó a los servicios secretos marroquíes la alerta urgente C/10399: en Facebook y en grupos de WhatsApp se convocaba un asalto a Ceuta por tierra y por mar. Al día siguiente empezó la entrada. La Guardia Civil cuenta noventa muertos confirmados.
Ese verano España llevaba meses diciendo que no. A Donald Trump le negó el 5 % del PIB en defensa. En marzo cerró Rota y Morón a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y desde el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, que el Gobierno tituló «contra el genocidio en Gaza», el comercio de armas con Israel está prohibido por ley. Cada negativa tenía un acreedor, y los acreedores cobraron casi a la vez.
Lo que Rabat sabía
La jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, tiene un informe del CNI según el cual las autoridades marroquíes conocían de antemano lo que se preparaba; el Centro les había enviado más de veinte notas como la del 29 de julio. Un teniente coronel le declaró que la noche anterior vio seis barcos marroquíes, dos de ellos patrulleros. Y un informe de la Guardia Civil del 27 de octubre estima en 88.146 las personas que volvieron a Marruecos, cuando el Gobierno había reconocido unas 80.000 entradas fuente.
El mismo sumario complica el relato cómodo. Un informe anterior de la Guardia Civil sostiene que los avisos no anticipaban una entrada de esa magnitud, y el 29 de julio había 585 guardias disponibles de una plantilla de 695.
Que Rabat sabía y dejó pasar es evidencia robusta, con el CNI como fuente; que Madrid estuviera preparado, no lo es.
Que fuera una palanca diplomática es hipótesis plausible, no dato; si lo fue, es daño usado como instrumento y no admite atenuante. La reclamación sobre Ceuta y Melilla sale del mapa del Gran Marruecos que Allal al-Fasi publicó en 1956: nacionalismo territorial de manual, al que no se contesta con el nacionalismo de enfrente. Ceuta se defiende por sus 83.000 vecinos, que votan y tienen derechos, y no como suelo patrio.
Un triángulo con fecha de firma
El triángulo entre Washington, Tel Aviv y Rabat se firmó el 10 de diciembre de 2020: Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y Marruecos normalizó relaciones con Israel, dentro de los Acuerdos de Abraham. Marco Rubio reiteró ese reconocimiento en abril de 2025.
Y tiene quien lo engrase. En marzo de 2026 la firma Brownstein Hyatt Farber Schreck registró, bajo la ley estadounidense de agentes extranjeros, un contrato de 65.000 dólares al mes con la Embajada de Marruecos. Según COPE, Rabat lleva pagados más de dos millones de dólares en presión política desde enero de 2025. España no tiene declarado ninguno.
En mayo apareció el informe 119-631 de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes. En su página 88, de 178, describe Ceuta y Melilla como ciudades «administradas por España» pero «ubicadas en territorio marroquí», y propone que Rubio medie sobre su «futuro estatus». Lo incluyó Mario Díaz-Balart, presidente de la subcomisión que financia el Departamento de Estado, que se había reunido con el ministro marroquí Nasser Bourita en abril de 2025. Después explicó que hablaba en sentido geográfico. El párrafo no es vinculante ni transfiere nada fuente. Le bastaba con dejar escrita la reclamación de Rabat en el registro del Congreso.
Cabo suelto: los demócratas ganaron las dos cámaras el 3 de noviembre y esa subcomisión cambia de manos el 3 de enero. Si el párrafo llegará al texto final, hoy no lo sabe nadie.
Un embajador habla de colonias
En plena entrada, Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU y hombre del Likud, escribió que España, siempre dispuesta a dar lecciones a Israel, debería explicar por qué mantiene «enclaves coloniales en África». Añadió un estado de emergencia que el Gobierno nunca declaró. Superó los cinco millones de visualizaciones; diez horas después, la embajada en Madrid aclaró que no representaba la posición del Estado.
Quien habla de colonias representa a un Estado que, según la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, comete genocidio en Gaza. Lo concluyó el 16 de septiembre de 2025 y lo sostuvo el 26 de octubre de 2026 en su informe A/81/430, que cuenta al menos 1.431 palestinos muertos entre el alto el fuego de octubre de 2025 y el 30 de septiembre, y acusa a Israel de exterminio en Cisjordania fuente. La Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio llegó a lo mismo el 31 de agosto de 2025, y antes que ella las organizaciones israelíes B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos. De la Corte Internacional de Justicia hay medidas cautelares de enero de 2024; la sentencia tardará años. Genocidio, entonces, sin comillas.
La crítica va contra un gobierno; contra el sionismo político, que hace de la pertenencia el título para decidir quién merece la tierra; y contra el sionismo cristiano, que en Washington le pone votos y profecía. Contra las personas judías, nunca. El antisemitismo y el racismo antiárabe se combaten con el mismo peso.
El arancel como correctivo
En octubre de 2025 Trump dijo que España «debería ser castigada» por no llegar al 5 %. El 3 de marzo de 2026 anunció que cortaría todo el comercio con España por lo de las bases. Desde julio los productos europeos pagan un 10 % adicional, justificado en una investigación sobre trabajo forzoso.
Se dirá, con razón, que ese 10 % es para los Veintisiete y que Marruecos no necesita órdenes de nadie para hacer lo que su doctrina pide desde 1956. No hay un solo documento que muestre coordinación entre Washington, Tel Aviv y Rabat sobre Ceuta, y el supuesto aviso de la inteligencia china que circula por YouTube no tiene fuente rastreable. Pero la objeción prueba menos de lo que pretende. La amenaza de embargo total fue solo para España, con el motivo dicho en voz alta, y la alianza de los tres lleva firmada desde 2020.
No hace falta una sala de mando para que tres aliados aprieten el mismo punto en la misma semana; basta con que el país apretado haya dejado de serles útil.
Dos medidas y una cuenta abierta
Lo que sigue es opinión de esta casa. Primero, desclasificar lo que pide la jueza: todas las notas del CNI sobre la actuación de Marruecos, para lo que el 27 de octubre dio quince días al Consejo de Ministros. Quien niega sus bases a una guerra no puede guardar como secreto lo que sabe de quien dejó a miles de personas echarse al agua. Segundo, cerrar la excepción por «interés nacional» del decreto de embargo, al que la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina llamó coladero. Un no con rendijas se convierte en precio de negociación, y quien cobra lo sabe.
Más de ochenta mil personas cruzaron aquellos dos días. Noventa murieron. Esa parte de la factura no la pagó Madrid, y sigue abierta en un juzgado de la calle García Gutiérrez.
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Referencias y fuentes consultadas
- Noticias ONU. «Cisjordania: una comisión de investigación de la ONU acusa a Israel de “exterminio”.»
- Europa Press en Infobae. «La Guardia Civil estima que 88.146 personas han regresado a Marruecos tras la entrada irregular masiva en Ceuta.»
Médico de urgencias hospitalarias. Escribe sobre medicina, filosofía y, a veces, ficción: lo que queda cuando se apaga el ruido. Vive en el Mediterráneo con un beagle que sabe más de lo que aparenta.
