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Seis concursos de acreedores en Atlantic City no le enseñaron a dejar de apostar con dinero ajeno. Le enseñaron quién paga cuando se pierde.
El 5 de abril de 1990 Donald Trump inauguró el Taj Mahal de Atlantic City. Lo había levantado con mil millones de dólares, sobre todo en bonos basura al 14% de interés. Quince meses después, el casino estaba en concurso de acreedores.
No fue el único. Entre 1991 y 2009, las empresas de Trump se acogieron seis veces al Capítulo 11 de la ley concursal estadounidense: el Taj Mahal, el Castle y el Plaza de Atlantic City, el Plaza Hotel de Nueva York, Trump Hotels & Casino Resorts en 2004 y Trump Entertainment Resorts en 2009. Él nunca quebró a título personal. En cada ronda cedió participación a los acreedores, vendió el yate y la aerolínea, y conservó el apellido en la fachada. El Castle, rebautizado Trump Marina, se vendió en 2011 por 38 millones y hoy se llama Golden Nugget. PolitiFact, al contarlas en 2016, recogió que la mayoría coincidió con una crisis general del juego en Atlantic City, y es verdad: no todo fue mala gestión. Las pérdidas, eso sí, las absorbieron los bonistas. fuente
El método consiste en apalancarse con dinero ajeno y cobrar la comisión de la casa mientras la pérdida cae sobre quien jugó. Treinta y cinco años después, opera a escala de Estado.
La mesa
La deuda bruta federal superó los 40 billones de dólares en agosto de 2026: unos 117.000 por habitante, el doble que hace diez años. Diez meses antes había cruzado los 38. fuente
Trump no inventó esa deuda. La dispararon presidentes de los dos partidos, con guerras, con el gasto de la pandemia y con rebajas fiscales. Lo que hizo en 2025 fue añadir otra, la ley que él mismo bautizó One Big Beautiful Bill, sobre una mesa que ya estaba apalancada. Michael Peterson, presidente de la fundación que lleva su apellido, dijo a Associated Press en octubre de 2025 que el país había pagado 4 billones en intereses durante la última década y pagaría 14 en la siguiente. Ese dinero no construye nada. Remunera a quien prestó.
El manual
La apuesta arancelaria tiene autor, y no es Trump. En noviembre de 2024, Stephen Miran firmó un documento de 41 páginas, A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System. Lo publicó Hudson Bay Capital, el fondo de inversión especulativo donde trabajaba como estratega mientras era miembro adjunto del Manhattan Institute, un centro de pensamiento conservador. Meses después presidía el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. fuente
La doctrina del casino nacional se escribió en un fondo especulativo, antes de que nadie la votara. Miran propone lo que él mismo llama «Acuerdo de Mar-a-Lago»: los aliados aceptan un dólar más débil, pagan su defensa y cambian sus letras del Tesoro por bonos a muy largo plazo, o se quedan fuera del paraguas de seguridad estadounidense y pagan aranceles. Subir la apuesta hasta que al otro jugador le salga más barato pagar que levantarse de la mesa.
Que Miran escribió eso y que después asesoró al presidente está documentado. Que su texto sea el programa de la Casa Blanca ya es otra cosa. El servicio de estudios del banco canadiense TD lo describió en mayo de 2025 como marco estratégico probable, no como plan oficial. Es una hipótesis plausible y aquí se trata como tal.
Los defensores de la estrategia tienen datos que enseñar. Al cumplirse el primer año del segundo mandato, según el balance de France 24 en enero de 2026, el PIB crecía y Wall Street encadenaba máximos, y Japón y la Unión Europea habían comprometido 550.000 y 600.000 millones de dólares de inversión industrial en Estados Unidos hasta 2028. Nada de eso es falso. Los compromisos, sin embargo, son promesas con vencimiento en 2028, y un máximo bursátil mide la riqueza de quien tiene acciones. El arancel lo paga quien hace la compra. Goldman Sachs calculó que, sin el traslado de los aranceles a los precios, la inflación de 2025 habría quedado en el 2,3%; Sarah House, economista de Wells Fargo, la situaba para el cierre de 2026 en torno al 3,5%.
La comisión de la casa
El 17 de enero de 2025, tres días antes de la investidura, salió a la venta $TRUMP, una criptomoneda sin otro respaldo que el apellido. CIC Digital, filial de la Trump Organization, y Fight Fight Fight, sociedad de la que CIC es copropietaria, controlaban cerca del 80% de la emisión. Un análisis de Chainalysis encargado por The New York Times contó lo ocurrido en los primeros diecinueve días: 813.294 carteras perdieron dinero, unos 2.000 millones de dólares en total, mientras las entidades detrás del token acumulaban derechos sobre unos 100 millones en comisiones de intercambio, la mayor parte aún sin cobrar. fuente
Por cada dólar de comisión para la casa, los jugadores perdieron veinte.
La declaración patrimonial que la Oficina de Ética Gubernamental publicó el 30 de junio de 2026 confirma que las criptomonedas fueron en 2025 la mayor fuente de ingresos del presidente. La cifra exacta depende de quién sume. Deutsche Welle llegó a casi 1.200 millones, con unos 635 millones por la licencia del token; otros medios dieron más de 1.000, y alguno hasta 1.400. Las partidas publicadas no siempre cuadran con los totales de los propios medios, y el formulario no permite cerrar la cuenta desde fuera.
Ante la acusación de conflicto de interés, la Casa Blanca responde que esos activos están en un fideicomiso gestionado por los hijos. La figura es legal. El problema es quién se sienta en cada silla. Eric y Donald Jr. fundaron World Liberty Financial, la plataforma cripto de la familia, y en junio de 2025 Eric anunció que World Liberty compraría una posición sustancial del token de su padre. Un mes después, el padre firmó la primera gran ley federal sobre criptomonedas estables.
Quien cobra la comisión y quien escribe las reglas del juego comparten apellido.
Los bonistas del Taj Mahal sabían que compraban bonos basura. Las 813.294 carteras del token creían comprar otra cosa.
Separar la banca de la mesa
Para la parte cripto existe una propuesta con nombre. En mayo de 2025, los senadores Jeff Merkley y Chuck Schumer presentaron la End Crypto Corruption Act, que prohíbe al presidente, al vicepresidente, a los congresistas y a los altos cargos emitir, patrocinar o promocionar activos digitales. Es una regla vieja aplicada a un juego nuevo: quien regula un mercado no tiene fichas en él. Hasta donde he podido comprobar, sigue sin votarse en el pleno del Senado.
La ley no toca la deuda ni los aranceles. Ahí ninguna norma de ética separa al jugador de la banca, porque la banca es el propio Estado y juega cualquiera que pague impuestos o haga la compra en Estados Unidos. También quien vende desde fuera y ve su producto encarecido en la aduana.
El Taj Mahal cerró en octubre de 2016. Un mes después, su antiguo dueño ganó sus primeras elecciones presidenciales.
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Médico de urgencias hospitalarias. Escribe sobre medicina, filosofía y, a veces, ficción: lo que queda cuando se apaga el ruido. Vive en el Mediterráneo con un beagle que sabe más de lo que aparenta.
