Tiempo de lectura: 4 minutos
Seguir el dinero de la ultraderecha europea lleva a sentencias y a listas de sanciones. También a un punto donde el papel se acaba. Este artículo llega hasta ahí y se para.
Una hucha con la etiqueta «donativos», gorras, bolígrafos, pañuelos. Con eso multó el Tribunal de Cuentas a Vox con 862.496 euros en abril de 2025, y con eso mismo el Supremo anuló la multa en una sentencia difundida el 5 de junio de 2026: no estaba probado que aquel dinero fueran donaciones anónimas.
Empiezo por un caso que se cae porque explica el método. Ningún gobernante improvisa su programa: alguien lo escribió y alguien pagó la escritura y el micrófono. De esa factura solo se cuenta aquí lo que dejó rastro en un registro público. Lo demás se nombra como sospecha y se deja donde está.
Lo que consta en España
En las europeas de 2014, Vox pagó el 80 % de su campaña con unos 800.000 euros de simpatizantes del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. Lo publicó El País en 2019 y lo cifró el propio partido en 2020. No consta sanción por ello.
En junio de 2023, antes de las generales, Vox obtuvo un crédito de 6,5 millones de euros del MBH Bank, el segundo banco de Hungría, cuyo primer accionista, con el 30 %, es el fondo estatal Corvinus International Investment. La ley española prohíbe financiarse con dinero de gobiernos o entidades públicas extranjeras. El Tribunal de Cuentas preguntó al banco, el banco no contestó y el fiscalizador dejó escrito que no podía acreditar si había participación estatal. Vox lo devolvió en septiembre de 2024, y en junio de 2025 Anticorrupción archivó provisionalmente la denuncia del PSOE: un préstamo devuelto no es una donación.
Fuentes anónimas citadas por El Independiente en marzo de 2025 apuntaron que el banco habría servido de intermediario para dinero ruso. Ningún documento lo sostiene. Es especulación, y aquí se queda.
Budapest: el Estado con forma de fundación
El rastro más completo está en Hungría. En 2020 el Gobierno de Orbán traspasó el 10 % de la petrolera MOL y el 10 % de la farmacéutica Richter Gedeon a la fundación del Mathias Corvinus Collegium, un regalo que The Brussels Times estima en 1.300 millones de euros. El MCC se presentaba como un colegio para jóvenes con talento. Su oficina de Bruselas, abierta en 2022, declaró al Registro de Transparencia de la Unión un presupuesto de 6,37 millones de euros para 2024, casi todo procedente de la fundación húngara, y el propio registro concluyó que ambas eran la misma entidad. Que nadie cruce cables: el Corvinus del banco y el del colegio comparten el nombre de un rey del siglo XV, no la caja.
Washington y Moscú, con menos papel
La Heritage Foundation escribió las 922 páginas del Proyecto 2025, y su presidente, Kevin Roberts, lo presentó en mayo de 2026 en la Cámara de Diputados italiana. El Danube Institute, sostenido con dinero público húngaro a través de la Fundación Batthyány Lajos según el medio Átlátszó, organizó conferencias conjuntas con Heritage. Por esa vía cruza doctrina. No he encontrado ningún registro de dinero de Heritage entrando en un partido europeo, y por eso no lo escribo.
No he encontrado ningún registro de dinero de Heritage entrando en un partido europeo, y por eso no lo escribo.
Con Rusia, el expediente es más corto de lo que el titular prometía. Lo documentado en Europa es Voice of Europe, el portal que el Gobierno checo sancionó el 27 de marzo de 2024 junto a Víktor Medvedchuk y Artem Marchevski, y la Unión en mayo. La fiscalía general de Múnich investiga desde mayo de 2024 al eurodiputado de AfD Petr Bystron por cohecho y blanqueo; él lo niega. No he localizado acusación formal ni sentencia: investigación abierta, nada más.
La cuenta que incomoda
Es evidencia robusta pero discutida: el EPF es una red de parlamentarios con posición declarada, y en 2021 admitía que 63 de los 117 actores estudiados no tenían datos financieros accesibles. Es un suelo, y así hay que leerlo.
Al menos 171 millones procedían de dinero público, presupuestos estatales y fondos vinculados a la Unión incluidos.
Ese mismo reparo lo esgrime la otra parte. MCC Brussels hizo campaña contra la financiación europea de las ONG, y a quien la señala le responde que la izquierda vive de lo mismo; Corporate Europe Observatory, que presentó la queja contra la oficina de Bruselas, se financia con filantropía. Una parte se sostiene. Pagar la difusión de ideas es legítimo, y el Supremo acaba de enseñar qué pasa cuando un controlador pone celo donde faltan pruebas. Falla al igualar: nadie ha mostrado que detrás de un observatorio de lobbies haya un Estado convirtiendo su petrolera en escuela de cuadros.
Lo que se puede cambiar
Los dos casos mejor contados aquí se cerraron con papeles. En la ley española, dos cambios: que el préstamo de una entidad que no conteste al Tribunal de Cuentas compute como financiación prohibida, y que el material de partido se venda con precio y recibo, como el propio fiscalizador llegó a pedir. En la Unión, que toda entidad que haga incidencia política publique quién la controla y quién la paga, con la misma regla para los socios de Heritage que para el EPF.
La hucha sigue diciendo «donativos». Nadie sabe quién echó cada billete, y con la ley de hoy nadie está obligado a saberlo.
Referencias y fuentes consultadas
- Las multas sí son hechos de registro. En julio de 2024, 233.324,22 euros por donaciones finalistas de 2019, recogidas para una querella contra Quim Torra y para una fianza; Vox la recurrió. En abril de 2025 llegó la de las huchas, que el Supremo ha tumbado con un reproche repartido: el partido llevaba una gestión desinhibida y el fiscalizador sancionó sin base probatoria. La culpa de fondo, escribe la sala, es de una regulación rudimentaria
Investigación documental y redacción asistidas por inteligencia artificial (Claude, Anthropic), con contraste de las cifras en fuentes independientes y revisión editorial del autor.
Médico de urgencias hospitalarias. Escribe sobre medicina, filosofía y, a veces, ficción: lo que queda cuando se apaga el ruido. Vive en el Mediterráneo con un beagle que sabe más de lo que aparenta.
