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El ideólogo austriaco de la remigración anuncia que su instituto empezará a trabajar en España a tres semanas de las generales del 29 de noviembre. Trae una idea de ciudadanía que el Tribunal Administrativo Federal alemán ya declaró contraria a la dignidad humana.
Unos seis millones. Es la cuenta que hizo Martin Sellner en una serie de vídeos grabada entre noviembre de 2023 y enero de 2024: alemanes con pasaporte alemán que, a su juicio, no se han asimilado lo bastante y deberían acabar marchándose. La cifra no la reconstruyó un periodista hostil. La recoge un tribunal federal.
Este viernes, Sellner ha contado a El País que el Instituto para la Remigración, el centro que dirige, empezará pronto a operar en España. La fecha no es casual. Vox ha hecho de la remigración uno de sus ejes para el 29 de noviembre, y Santiago Abascal la desglosó en Ceuta el 12 de octubre: repatriar a quien entre de forma irregular, expulsar a los extranjeros que delincan y abrir un proceso de salida para quienes vivan de ayudas. Sellner tiene 37 años, estudió filosofía en Viena y fue condenado de adolescente por acciones neonazis; él mismo ha admitido que militó en ese mundo hasta 2011. Desde entonces ha cambiado, sobre todo, de vocabulario. fuente
Lo que leyó el tribunal
Sellner es ante todo un autor. En la serie de vídeos que difundió la revista alemana Compact divide a los destinatarios de la remigración en tres grupos: solicitantes de asilo, extranjeros y ciudadanos alemanes. Al tercero le reserva lo que llama presión. Fuera del espacio público las lenguas, las comidas, las fiestas y las banderas ajenas; prohibido hacer política y manifestarse; retirada de cualquier incentivo económico durante años, hasta que marcharse parezca una «vuelta voluntaria».
El 24 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig anuló la prohibición de Compact por falta de proporcionalidad, pero dejó escrito qué pensaba del plan que la revista promovía: contrario a la dignidad humana, porque trata a los alemanes de origen migrante como ciudadanos de segunda clase y rompe la igualdad que da la nacionalidad. El tribunal dio la razón a la revista en lo principal y se la quitó a Sellner en lo esencial. fuente
Su defensa merece contarse entera, porque es la que va a oírse aquí. Sellner sostiene que la remigración es pacífica, legal y gradual, y que Leipzig resolvió con ligereza una cuestión jurídica abierta. No le faltan apoyos parciales: en abril de 2026 un tribunal de Berlín, en un fallo todavía no firme, hizo una lectura más benigna de su concepto en un pleito de prensa, y en diciembre de 2025 la justicia administrativa suiza anuló la prohibición de entrada que le había impuesto la Confederación por no ver amenaza para la seguridad interior. Lo que se sostiene es que Sellner no llama a la violencia física y que los jueces no hablan con una sola voz. Lo que falla es el adjetivo central. Una ley que retira derechos a unos ciudadanos por su origen no se vuelve legal porque la apruebe un parlamento, y una marcha forzada por asfixia no se vuelve voluntaria porque nadie empuje. El método no toca cuerpos, pero el daño, perder casa, trabajo y país, es el objetivo y no un efecto secundario. Cuando el daño es el objetivo, la suavidad del método no lo redime.
La cadena que lo trae
Interesa menos lo que dice Abascal que de dónde saca la palabra. El 30 de mayo de 2026, en Figueira da Foz, cerca de Oporto, Sellner coorganizó la segunda Cumbre de la Remigración. Entre los oradores anunciados estaban dos diputados de Vox, Rocío de Meer y Carlos Hernández Quero; entre los invitados, el diputado de Alternativa para Alemania Kay Gottschalk y Gregory Bovino, antiguo mando de la Patrulla Fronteriza de Donald Trump. fuente
De Meer ya había hecho su parte. El 7 de julio de 2025 habló en rueda de prensa de unos ocho millones de personas llegadas en poco tiempo, segunda generación incluida, que tendrían que volver a sus países si no se adaptaban; dos días después negó haber dado una cifra de deportables. La segunda generación incluye a españoles de nacimiento. Es el tercer grupo de Sellner, traducido.
La segunda generación incluye a españoles de nacimiento. Es el tercer grupo de Sellner, traducido.
Ya ha salido de Vox la palabra. En octubre, el PP de Juanma Moreno votó con Vox en el Parlamento andaluz una proposición sobre vivienda que pedía la remigración de los extranjeros que vivan de ayudas públicas.
Hay un eslabón que no he podido documentar: quién financia el Instituto para la Remigración. No he encontrado cuentas públicas verificables ni donantes identificados, y aquí el análisis se detiene. Sin eslabón documentado no hay eslabón.
Quién sostiene lo que quieren vaciar
En junio de 2026, último balance mensual que he podido verificar, la Seguridad Social tenía de media 3.446.178 afiliados extranjeros, el 15,4 % del total. Son el 31,5 % en hostelería, el 25,9 % en construcción y el 45,5 % en el sistema especial de empleo del hogar, el de los cuidados. Desde la reforma laboral, el 44,5 % del empleo creado en España lo ocupan trabajadores extranjeros. fuente
Desde la reforma laboral, el 44,5 % del empleo creado en España lo ocupan trabajadores extranjeros.
Conviene decir hasta dónde llega el dato. La afiliación mide empleo cotizado, y eso es un hecho sólido. El saldo fiscal neto de la inmigración depende de la edad, del salario y del horizonte que se mire, y ahí la evidencia es robusta pero discutida: los estudios no coinciden. Lo que la afiliación sí dice sin margen es quién está en la cocina, en el andamio y en la casa de la persona dependiente. Cuarenta años de guardias enseñan algo que no cabe en ningún instituto vienés: a las cuatro de la mañana nadie pregunta de dónde es la mano que empuja la camilla.
Vox ha atado la remigración a la vivienda, y la vivienda es un problema real que supo nombrar antes que otros. Pero la remigración cambia la pregunta de quién posee los pisos por la de quién los habita, y en ese cambio quien compra y acumula vivienda desaparece de la conversación.
La prueba de las tres semanas
Prohibir la palabra no sirve, y el propio tribunal de Leipzig recordó que la Constitución alemana garantiza la libertad de opinión incluso a los enemigos de la libertad. Sí sirve una prueba sencilla para cualquier acuerdo de gobierno que salga de las urnas del 29 de noviembre. Si una medida distingue entre españoles según su origen o el de sus padres, es la de Sellner, se llame como se llame. El PP tiene tres semanas para decir si firmaría algo así, y el resto, para exigírsela antes del recuento.
Si una medida distingue entre españoles según su origen o el de sus padres, es la de Sellner, se llame como se llame.
Sellner hizo la cuenta alemana en voz alta y le salieron seis millones. En España nadie la ha hecho todavía: De Meer la insinuó y luego dijo que no sabía cuántos. La cifra llegará sola en cuanto alguien tenga el poder de encargar la lista. Lo que queda por saber es quién aceptará el encargo.
Referencias y fuentes consultadas
- Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Administrativo Federal de Alemania). Sentencia BVerwG 6 A 4.24, de 24 de junio de 2025, sobre la prohibición de la revista Compact, y nota de prensa n.º 48/2025. fuente
