La democracia no muere de golpe. A veces muere por indulto.
Gladys Díaz no olvidó la voz. Cincuenta años después, puede reproducirla sin esfuerzo: “¿Qué crees, estúpida? ¿Que te van a condecorar tus cenizas, que le van a poner tu nombre a una calle?” Era febrero de 1975, era Villa Grimaldi, y el hombre que hablaba mientras ajustaba el voltaje de la máquina eléctrica vestía un mono de aviador verde. Se llamaba Miguel Krassnoff Martchenko. Y en enero de 2025, a sus casi 79 años, cumple condena en el penal chileno de Punta Peuco por más de mil años acumulados de crímenes de lesa humanidad. El presidente electo José Antonio Kast no descarta indultarlo.
Esto no es historia. Es el presente de Chile. Y merece que lo miremos de frente.
El arquitecto del terror en Villa Grimaldi
Para entender qué está en juego, hay que entender quién es Krassnoff. No la caricatura, no el monstruo abstracto: el hombre concreto, con curriculum verificable.
Hijo de refugiados cosacos que combatieron junto a las fuerzas de la Alemania nazi, llegó a Chile con dos años en 1948. Los primeros días los pasó en los camarines del Estadio Nacional, que veinticinco años después se convertiría en campo de detención para presos políticos. Ingresó a los 14 años en la Escuela Militar, amplió su formación en la tristemente célebre Escuela de las Américas en Panamá —fábrica de torturadores del Cono Sur— y el 11 de septiembre de 1973 participó personalmente en el asalto a la residencia de Salvador Allende en Tomás Moro.
Ese historial le abrió las puertas de la escolta personal de Pinochet, y después del Grupo Halcón de la DINA —la Dirección de Inteligencia Nacional—, la policía secreta de la dictadura. Sus alias eran Caballo Loco y Capitán Miguel. Eran nombres que los prisioneros de Villa Grimaldi, de Londres 38 y del cuartel José Domingo Cañas pronunciaban en voz baja, si es que podían pronunciarlos.
Los testimonios de supervivientes permiten reconstruir su modus operandi con una precisión que hace imposible el eufemismo. Era él quien ajustaba el voltaje de la parrilla cuando los interrogados no respondían. Era él quien ordenó colgar a la familia Gallardo Moreno completa del árbol Ombú del jardín de Villa Grimaldi el 18 de noviembre de 1975, en una jornada que historiadores presentes describen como un escarmiento deliberado para el resto de los prisioneros. Era él quien, según varias declaraciones juradas, participó en los llamados “vuelos de la muerte”: el lanzamiento al océano Pacífico de cuerpos de opositores.
De los 4.500 hombres y mujeres que pasaron por Villa Grimaldi, 241 fueron asesinados. De ellos, solo 307 de los 1.469 desaparecidos de toda la dictadura han sido encontrados hasta hoy. El resto sigue sin aparecer. Sus familias, también.
Krassnoff fue condenado por la justicia chilena a penas que suman más de 1.047 años. Desde 2005 cumple condena en Punta Peuco, la prisión especial —y durante décadas extraordinariamente privilegiada— reservada para criminales de la dictadura.
El retorno de lo reprimido: Kast y el lenguaje de la compasión estratégica
Aquí comienza la segunda parte del problema, y es la que convierte esta historia en urgente.
José Antonio Kast ganó las elecciones presidenciales chilenas de diciembre de 2025. A partir del 11 de marzo de 2026, gobierna Chile. Durante toda su campaña, Kast visitó Punta Peuco, afirmó conocer personalmente a Krassnoff y, cuando se le preguntó directamente si lo indultaría, respondió que “puede tener preso un cuerpo, no la conciencia” y apoyó un proyecto de ley que facilitaría el arresto domiciliario a “condenados de avanzada edad o con enfermedades terminales”.
La frase merece análisis. “Puede tener preso un cuerpo, no la conciencia” es una fórmula retórica que convierte al torturador en mártir. No es descuido: es narrativa deliberada, la aplicación de lenguaje de derechos humanos para vaciar de contenido a los derechos humanos. La misma estructura gramatical que usó para defender a supervivientes del régimen sirve aquí para defender a sus verdugos. El lenguaje de la compasión puesto al servicio de la impunidad.
El argumento “humanitario” que Kast emplea para justificar posibles indultos sigue una lógica aparentemente razonable: ¿qué sentido tiene encarcelar a un anciano que quizás ya no recuerda sus crímenes? La carga emotiva es considerable. El argumento, sin embargo, es intelectualmente deshonesto por varias razones que conviene nombrar con precisión:
Primera: Los crímenes de lesa humanidad tienen protección jurídica internacional específica precisamente porque son imprescriptibles e inindultables. No es capricho legal: es el resultado de décadas de arquitectura jurídica construida para que Núremberg no fuera la última vez. Indultar a Krassnoff no es solo un gesto nacional chileno; es dinamitar un andamio del derecho internacional.
Segunda: El argumento “humanitario” se aplica con llamativa selectividad. Kast rechazó explícitamente durante la campaña la conmutación de penas para delitos de pedofilia. La compasión, al parecer, tiene sus preferencias ideológicas.
Tercera: Gladys Díaz, el historiador Gabriel Salazar, y los familiares de la familia Gallardo Moreno siguen vivos. Las víctimas no son pasado. Son ciudadanos chilenos contemporáneos a los que el Estado debería garantías de que sus verdugos cumplirán sus condenas. El “humanitarismo” de Kast no menciona qué les debe el Estado a ellos.
Los arquitectos del olvido institucional
Lo que convierte el caso Krassnoff en algo más que un debate jurídico es el contexto que lo rodea. Kast no llega al gobierno solo. Llega con un gabinete diseñado con una coherencia ideológica que no admite interpretaciones ingenuas.
Fernando Rabat, designado ministro de Justicia y Derechos Humanos, se formó con un fundador de Patria y Libertad, la organización paramilitar de extrema derecha que participó en la desestabilización del gobierno de Allende. Fue parte del equipo jurídico que defendió a Pinochet en el caso Riggs —las cuentas secretas en el extranjero— y es considerado parte del círculo fiel que intentó blindar jurídicamente al dictador.
El responsable de Justicia y Derechos Humanos en Chile es, pues, alguien cuya trayectoria profesional está vinculada a la defensa de quienes cometieron los crímenes que su ministerio debería condenar. Esto no es sospecha: es currículum.
Fernando Barros, ministro de Defensa, fue otro de los abogados que defendió a Pinochet durante su detención en Londres. El hombre que gestionará las fuerzas armadas chilenas construyó parte de su carrera blindando al dictador que las utilizó para asesinar a su propio pueblo.
El presidente Boric, en uno de sus últimos actos de gobierno, convirtió Punta Peuco en una cárcel común, eliminando el régimen privilegiado del que disfrutaban sus 140 reclusos durante décadas. Es una de las primeras medidas que el nuevo gobierno tiene capacidad y, probablemente, voluntad de revertir.
El árbol Ombú sigue en pie
En el Parque por la Paz Villa Grimaldi, donde antes estaban las celdas de un metro cuadrado en las que Gladys Díaz sobrevivió tres meses, hay ahora jardines, esculturas, fuentes de agua. Las placas del suelo están a la altura de los pies, porque los detenidos siempre iban vendados y solo podían ver las baldosas rojas, la gravilla del jardín. El portón de acceso está clausurado. Solo sobrevive intacto el árbol Ombú del que colgaron a la familia Gallardo Moreno.
El árbol tiene memoria de lo que los hombres prefieren olvidar.
En 1992, Gladys Díaz se encontró frente a Krassnoff en un careo judicial. Donde esperaba al hombre que daba órdenes sin pestañear, encontró a un personaje con temblores en las mejillas y parpadeo constante. Él la reconoció. “Muy buenas noches, señora Díaz”, le dijo. Era la primera vez en toda la jornada que reconocía a alguien. La jueza Gloria Olivares levantó los brazos.
Krassnoff tiene hoy casi 79 años. Ha pasado dos décadas en prisión por más de mil años de condena. Sus víctimas, las que sobrevivieron, llevan el resto de sus años marcados por lo que él hizo. Sus familias, las de las que no sobrevivieron, llevan décadas buscando cuerpos que en muchos casos nunca aparecerán porque fueron lanzados al mar.
El “humanitarismo” de Kast no menciona a ninguno de ellos.
Memoria como práctica política, no como sentimentalismo
Es importante resistir la tentación de convertir este debate en un conflicto entre emoción y razón. Lo que está en juego no es nostalgia ni rencor: es la arquitectura misma de la convivencia democrática.
Las democracias que no procesan sus crímenes no se curan: se infectan. La transición española y sus décadas de silencio forzado sobre el franquismo no produjeron reconciliación; produjeron una herida que seguimos examinando. La Argentina que juzgó a sus militares tiene una relación con su pasado cualitativamente distinta a los países que optaron por la amnesia pactada.
Chile lleva 35 años de democracia construyendo, con enorme dificultad, una memoria institucional de lo que ocurrió entre 1973 y 1990. Las comisiones de la verdad, los juicios, los parques por la paz, los archivos: todo eso es frágil, reversible, dependiente de que quienes gobiernan crean que importa.
El gobierno de Kast llega con mandato electoral legítimo. Pero la legitimidad electoral no convierte en legítima cualquier decisión. Liberar a condenados por crímenes de lesa humanidad no es una política con la que podamos estar más o menos de acuerdo como con el tipo impositivo o la regulación del alquiler. Es una línea que el derecho internacional traza con claridad, y no porque sea arbitraria, sino porque aprendimos a trazarla después de haber comprobado lo que ocurre cuando no existe.
Los 140 militares que cumplen penas en Chile por los crímenes de la dictadura no son presos políticos. Son criminales de lesa humanidad condenados por tribunales independientes tras procesos legales garantistas. La diferencia importa. Y nombrarla no es ideología: es precisión.
Lo que viene
Lo que ocurra en los próximos meses en Chile no interesa solo a los chilenos. Es una prueba de resistencia de la arquitectura democrática latinoamericana ante el ascenso de las derechas que rehabilitan el pasado autoritario como “realismo” o “humanitarismo”.
Kast es parte de un fenómeno global: el de las derechas que han aprendido a usar el lenguaje de los derechos humanos para vaciarlos de contenido, a invocar la “compasión” para con los verdugos mientras invisibilizan a las víctimas, a presentar la impunidad como madurez y la memoria como rencor.
No es novedad intelectual. Es una de las formas más eficaces de lo que en RedBeta llamamos políticas del daño: la conversión de la crueldad institucionalizada en gesto de cordura, la naturalización de la injusticia como pragmatismo.
Gladys Díaz sobrevivió a Villa Grimaldi. Publicó hace poco un libro sobre lo que vivió. Sigue aquí para contarlo.
El Ombú sigue en pie.
Y la pregunta que Chile tiene que responder en los próximos meses es si la democracia también.
Fuentes principales: Beatriz Silva, “A mí me torturó Miguel Krassnoff” (Coolt, 23 de febrero de 2026); testimonios documentados del Parque por la Paz Villa Grimaldi; cobertura electoral de Publimetro Chile, T13, SWI Swissinfo, Radio Universidad de Chile y El Desconcierto (campaña presidencial chilena, 2025); declaraciones de Carmen Frei y abogados de derechos humanos (BioBioChile, diciembre de 2025); Comisión Valech y Comisión Rettig (informes oficiales).
Médico de urgencias hospitalarias con varias décadas en la trinchera. Escribe sobre medicina, filosofía y lo que queda cuando se apaga el ruido. Vive en el Mediterráneo con un beagle que sabe más de lo que aparenta.
