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Europa inventó la palabra genocidio y el deber jurídico de impedirlo. Desde 1900 ha cometido, financiado o dejado pasar varios, y los reconoce cuando ya no cuestan nada.
El 2 de octubre de 1904, en lo que hoy es Namibia, el general Lothar von Trotha ordenó disparar contra todo herero que pisara territorio alemán, armado o no, con ganado o sin él. Berlín tardó ciento diecisiete años en llamarlo genocidio. Cuando lo hizo, en mayo de 2021, añadió una coletilla de seguro: «desde la perspectiva actual».
La palabra la había acuñado otro europeo. Raphael Lemkin, jurista judío polaco que perdió en la Shoah a casi toda su familia, la escribió en 1944, y la Convención de 1948 la convirtió en delito: actos cometidos con intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Con esa vara, y con lo que han determinado tribunales, comisiones de Naciones Unidas o historiadores, quedan fuera atrocidades europeas que no fueron genocidio en sentido jurídico y no pesan menos: la tortura sistemática de Francia en Argelia, los campos británicos de Kenia, el gas mostaza que España arrojó sobre el Rif en los años veinte. Queda fuera también la hambruna ucraniana de 1932 y 1933, que el Parlamento Europeo llamó genocidio en 2022 y sobre cuya intención los historiadores siguen sin ponerse de acuerdo. Usar la palabra al peso ayuda a quien niega los que sí lo fueron.
Lo que se reconoce cuando ya no cuesta
La orden de Von Trotha tuvo continuación. Los supervivientes acabaron en campos de trabajo, y entre 1904 y 1908 murió en torno al ochenta por ciento del pueblo herero y la mitad del nama. Las cifras absolutas que circulan, unos sesenta y cinco mil herero y diez mil nama, son estimaciones sin censo previo fiable, así que el porcentaje aguanta mejor que el número. El motivo declarado fue sofocar una rebelión. El otro está en el registro de la propiedad: la tierra y el ganado pasaron a los colonos.
Once años después, el Imperio otomano deportó y asesinó a su población armenia. Los arquitectos tienen nombre, Talat, Enver y Djemal, y la cifra de muertos oscila entre seiscientos mil y un millón y medio según la fuente. La razón oficial fue la seguridad militar; debajo había una Anatolia que se quería homogénea y unas casas, unos talleres, unas tierras y unas cuentas que cambiaron de dueño. Alemania era el aliado principal de Estambul, con oficiales en su estado mayor y diplomáticos que informaban a Berlín de los convoyes. En 2016 el Bundestag reconoció el genocidio y la complicidad del Reich alemán. Turquía retiró a su embajador ese mismo día y sigue negándolo. fuente
Europa reconoce sus genocidios cuando los perpetradores han muerto y el reconocimiento ya no obliga a pagar. La declaración germano-namibia de 2021 ofrece 1.100 millones de euros en treinta años como ayuda al desarrollo, sin la palabra reparación. Las organizaciones herero y nama que representan a los descendientes la rechazan desde entonces. En el verano de 2026 seguía sin cerrarse.
La doctrina antes que el disparo
En 1908 un antropólogo alemán, Eugen Fischer, viajó a la colonia para estudiar a los hijos de colonos y mujeres africanas de Rehoboth. Publicó en 1913 un libro sobre los peligros de la mezcla de razas, dirigió desde 1927 el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología y puso su prestigio al servicio de la legislación racial nazi. La línea que va de Namibia a Auschwitz tiene militares, y tiene también una cátedra.
Seis millones de judíos asesinados es consenso sólido de la historiografía. Con el pueblo gitano la certeza baja: entre doscientas mil y quinientas mil víctimas, porque muchas no figuraban en registro alguno. Hitler y Himmler decidieron; Reinhard Heydrich presidió la conferencia de Wannsee el 20 de enero de 1942 para coordinar a los ministerios; Adolf Eichmann organizó los trenes. El motivo declarado era racial. El material quedó en otros papeles: la arianización de empresas y pisos, y la mano de obra esclava que IG Farben aprovechó en Monowitz, junto a Auschwitz.
La Shoah no la ejecutó solo Alemania. La policía francesa de Vichy detuvo a unas trece mil personas judías en la redada del Velódromo de Invierno, en julio de 1942, y Francia tardó hasta 1995 en admitirlo por boca de Jacques Chirac. En los Países Bajos, un registro civil ejemplar permitió deportar a cerca de tres de cada cuatro judíos del país, la proporción más alta de Europa occidental. El genocidio central del siglo no fue obra de un loco: lo hizo una administración con archivos al día y proveedores que facturaban.
Los que se dejan pasar
En Ruanda, entre abril y julio de 1994, fueron asesinados al menos ochocientos mil tutsis según Naciones Unidas, algo más de un millón de personas según el recuento del Gobierno ruandés. La doctrina salió de la revista Kangura y de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas antes que de los machetes. Las listas tenían un precedente colonial: Bélgica impuso en los años treinta un carné con la mención hutu, tutsi o twa.
Francia llegó por otra vía. El gobierno de François Mitterrand armó y entrenó al ejército del régimen que preparaba el exterminio, desoyó las alertas de sus propios servicios de inteligencia y, con la Operación Turquesa de junio de 1994, no detuvo a los dirigentes genocidas que atravesaron su zona camino de Zaire. La comisión de historiadores que presidió Vincent Duclert por encargo de Emmanuel Macron entregó en marzo de 2021 un informe de más de mil doscientas páginas que habla de responsabilidades «pesadas y abrumadoras». En ese mismo informe hay un dato que complica cualquier lectura cómoda: la comisión no encontró en los archivos prueba de que Francia quisiera sumarse a la empresa genocida. Macron fue a Kigali en mayo, reconoció responsabilidades y no pidió perdón. fuente
Un año después, en julio de 1995, las fuerzas serbobosnias de Ratko Mladić asesinaron en Srebrenica a más de ocho mil hombres y niños bosnios musulmanes; el memorial de Potočari tiene grabados 8.372 nombres. El enclave era zona protegida por Naciones Unidas y lo custodiaba un batallón neerlandés al mando del coronel Thom Karremans, que entregó a los refugiados de su base.
El Tribunal Supremo de los Países Bajos fijó en 2019 la responsabilidad del Estado en un diez por ciento, la probabilidad que estimó de que unos 350 de aquellos hombres hubieran sobrevivido de quedarse en la base.
La doctrina tampoco nació en el frente: el Memorándum de la Academia Serbia de Ciencias y Artes de 1986 dio forma académica al agravio nacional que Slobodan Milošević convirtió en programa. Mladić y Radovan Karadžić cumplen cadena perpetua; Milošević murió en 2006 sin sentencia. El mismo criterio vale para el nacionalismo croata de Franjo Tuđman, cuya limpieza étnica en Herceg-Bosna condenó en 2017 el tribunal para la antigua Yugoslavia como crimen contra la humanidad. No como genocidio, y aquí tampoco.
Gaza, con el expediente abierto
El 7 de octubre de 2023 Hamás mató en Israel a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y secuestró a 251. Civiles convertidos en blanco, sin contexto que lo atenúe. La respuesta del Gobierno de Benjamin Netanyahu dejó en Gaza más de 74.000 muertos a mediados de octubre de 2026, según el Ministerio de Salud de la Franja, que no distingue entre civiles y combatientes ni cuenta a quienes siguen bajo los escombros. Según la prensa israelí, mandos de su propio ejército dieron la cifra por sustancialmente correcta en enero de 2026.
El 26 de enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia dictó medidas cautelares: riesgo plausible y obligaciones inmediatas, no responsabilidad final. El 16 de septiembre de 2025 la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas, presidida por la exjueza sudafricana Navi Pillay, concluyó que Israel ha cometido genocidio: cuatro de los cinco actos de la Convención, con intención y con incitación de dirigentes como el propio Netanyahu. La Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio lo respaldó ese mismo mes. La sentencia de fondo tardará años. La determinación ya existe, y lo ocurrido en Gaza se llama genocidio. fuente
Alemania aportó en torno a un tercio de las importaciones de armas de Israel entre 2020 y 2024, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, y autorizó licencias por 485 millones de euros entre octubre de 2023 y mayo de 2025.
Friedrich Merz suspendió en agosto de 2025 las exportaciones utilizables en Gaza y las reanudó el 24 de noviembre, con el alto el fuego como argumento, mientras los ataques israelíes seguían matando casi a diario.
En abril de 2026, Alemania e Italia dejaron sin apoyo la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación UE-Israel que la Comisión había propuesto siete meses antes y que España defendía. Viktor Orbán recibió a Netanyahu en Budapest en abril de 2025, pese a la orden de detención de la Corte Penal Internacional.
La raíz alemana tiene fecha. En marzo de 2008 Angela Merkel declaró ante la Knéset que la seguridad de Israel formaba parte de la razón de Estado alemana. La lección del Holocausto, universal porque la Convención lo es, se tradujo en lealtad a un Estado y después a un Gobierno. El sionismo político hace de la pertenencia el título que decide quién merece qué, y se critica por lo mismo que cualquier nacionalismo de frontera excluyente. El sionismo cristiano exporta desde Estados Unidos un guion apocalíptico donde la vida judía es pieza de un final anunciado. Y parte de la extrema derecha europea que aplaude a Netanyahu arrastra su propio antisemitismo: Björn Höcke, de Alternativa para Alemania, llamó en 2017 «monumento de la vergüenza» al memorial del Holocausto de Berlín. La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE registró en sus informes de 2024 más antisemitismo y más racismo contra las personas musulmanas. Son dos odios distintos y se combaten con el mismo peso. Nada de esto equipara Gaza con la Shoah: la vara común es la Convención.
Lo que obliga
Quien defienda a Europa tiene a mano una lista sólida. El concepto de genocidio, la Convención, Núremberg, el tribunal para la antigua Yugoslavia y el Estatuto de Roma salieron de juristas y capitales europeas, y un juez español, Baltasar Garzón, consiguió en 1998 que Londres detuviera a Pinochet. Todo eso se sostiene. Falla en el uso: esas herramientas se aplicaron con rigor a vencidos y a extranjeros, y se recortaron cuando apuntaron a casa o a los aliados. España limitó su justicia universal en 2009 y en 2014, cuando las querellas empezaron a rozar a Israel y a China. Europa no inventó el genocidio. Lo que tiene de singular es haberse nombrado juez.
La herramienta que más incomoda está en la sentencia de Srebrenica. En febrero de 2007 la Corte Internacional de Justicia declaró que Serbia había incumplido su obligación de prevenir aquel genocidio y fijó el criterio: el deber nace cuando un Estado sabe, o debería saber, que existe un riesgo serio, y obliga a usar todos los medios razonables a su alcance.
Desde el 26 de enero de 2024 ningún gobierno europeo puede alegar que no lo sabía.
De ese criterio salen dos exigencias concretas. Embargo total de armas a Israel y suspensión del Acuerdo de Asociación mientras siga en pie la determinación de genocidio, sin excepción por alianza. Y reparaciones negociadas con los descendientes sentados a la mesa, en Namibia y donde toque, en lugar de ayudas pactadas entre ministerios. fuente
En urgencias el triaje se hace por gravedad, nunca por el apellido del herido. Europa clasifica a sus víctimas por cercanía y mira por encima del hombro a otros países con un expediente propio sin cerrar.
Si nada cambia, dentro de cien años algún canciller pedirá perdón por Gaza en un acto con pocas cámaras. Hablará de responsabilidad histórica, ofrecerá ayuda al desarrollo y añadirá, para ir sobre seguro, desde la perspectiva actual.
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Referencias y fuentes consultadas
- Deutscher Bundestag. «2. Juni 2016: Bundestag verabschiedet Armenien-Resolution». Archivo de textos del Bundestag, 2 de junio de
Médico de urgencias hospitalarias. Escribe sobre medicina, filosofía y, a veces, ficción: lo que queda cuando se apaga el ruido. Vive en el Mediterráneo con un beagle que sabe más de lo que aparenta.
