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Un texto que circula estos días sostiene que el derecho es una ficción que se evapora en cuanto se rompe la paridad de armas. Acierta al describir cómo se rompe la ley. Lo que concluye de ahí ya lo había escrito Curtis Yarvin.
El 9 de octubre de 2026, por la mañana, el Comité Nobel noruego anunció el premio de la Paz para la sudafricana Navi Pillay, antigua jueza de la Corte Penal Internacional y presidenta de la comisión de investigación de la ONU que en septiembre de 2025 concluyó que Israel ha cometido genocidio en Gaza. Por la tarde, Washington sancionó a la Corte.
A la institución entera, esta vez, después de trece jueces y fiscales sancionados uno a uno desde febrero de 2025, según la propia Corte. Marco Rubio lo resumió sin protocolo: Estados Unidos nunca se unió al tribunal y no lo necesita. Pillay es la vigesimoprimera mujer que recibe ese premio desde 1905. Human Rights Watch explicó lo que la sanción significa en un despacho de La Haya: los bancos no estadounidenses que sigan atendiendo a la Corte se arriesgan a perder el acceso al sistema bancario estadounidense, y la Corte, a quedarse sin proveedores de banca, información, tecnología o viajes fuente.
Entre desiguales
El texto que me llegó lo cuenta así: la ley es una función de la simetría de fuerzas, quienes redactan las normas son los primeros en saltárselas, y cuando el poder soberano entra en escena hasta el dinero retrocede. Le doy la razón en buena parte de lo que describe.
Tiene detrás a Tucídides. En el 416 antes de Cristo, los embajadores atenienses explicaron a los de Melos que la justicia solo se discute entre iguales y que, entre desiguales, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Los melios contestaron que esa regla también protegía a Atenas, porque un día podía caer. Los atenienses dijeron que ese riesgo era cosa suya. Melos resistió el asedio hasta rendirse sin condiciones; Atenas mató a los hombres y vendió a las mujeres y a los niños.
Y tiene datos de hoy. Robert H. Jackson, fiscal jefe estadounidense en Núremberg, advirtió en noviembre de 1945 que dar a los acusados un cáliz envenenado era llevárselo a los propios labios. Ochenta y un años después, el país de Jackson castiga a los jueces que persiguen crímenes de guerra. El poder por encima del capital también tiene caso documentado: el 24 de octubre de 2020 Jack Ma criticó en público a los reguladores financieros chinos, y el 3 de noviembre la Bolsa de Shanghái suspendió la salida a bolsa de Ant Group, unos 37.000 millones de dólares, a dos días del estreno fuente.
Hasta aquí, consenso sólido. El problema está en la conclusión.
Nadie embarga una sombra
Si el derecho fuera solo el reflejo de quién tiene más armas, la primera potencia militar del planeta no tendría que congelar las cuentas de una jueza japonesa. Ataca a la Corte porque la Corte, sin un solo soldado, le cuesta algo.
El coste se puede medir. La orden de detención de marzo de 2023 contra Vladímir Putin, por la deportación de niños ucranianos, le hizo renunciar a la cumbre de los BRICS de agosto de ese año en Johannesburgo: Sudáfrica es Estado parte y habría tenido que detenerlo. Un papel firmado en La Haya cambió la agenda del jefe de un Estado con armas nucleares.
Un papel firmado en La Haya cambió la agenda del jefe de un Estado con armas nucleares.
En septiembre de 2024, Putin aterrizó en Mongolia, también Estado parte, y nadie le puso la mano encima. Que la orden alteró aquel viaje es consenso sólido. Que disuada en general es hipótesis plausible, y no conozco ninguna serie que lo mida.
Quien mejor pensó esa grieta fue un historiador marxista. E. P. Thompson pasó años en los archivos de la Ley Negra de 1723, la que mandaba a la horca a quien cazara ciervos en los bosques con la cara tiznada, y documentó cómo los whigs moldearon el derecho a la medida de su propiedad. Al final de Whigs and Hunters (1975) sus lectores esperaban la conclusión de manual y encontraron la contraria. Para que la ley legitime a los poderosos tiene que parecer justa; para parecerlo tiene que serlo de vez en cuando, y entonces les ata las manos a ellos también. Thompson llamó al imperio de la ley un bien humano sin reservas, y parte de la izquierda de su tiempo lo trató de apóstata fuente.
Thompson llamó al imperio de la ley un bien humano sin reservas, y parte de la izquierda de su tiempo lo trató de apóstata.
El heredero del diagnóstico
El texto concluye que el orden normativo es decorado y que lo único real es la correlación material de fuerzas. Esa conclusión tiene un autor anterior, y más coherente. En abril de 2007, Curtis Yarvin abrió su blog con «A Formalist Manifesto». Allí la política democrática es violencia simbólica, una manera de decidir quién gana la batalla contando las tropas de cada bando, y la salida consiste en averiguar quién tiene el poder real y repartir las acciones del Estado en esa misma proporción fuente.
Mismo diagnóstico. Yarvin saca de él lo que el texto no se atreve a decir: si la ley solo maquilla la fuerza, quitemos el maquillaje y que mande quien ya manda. JD Vance lo citó en 2021 para defender una purga de funcionarios, y Peter Thiel, cuyo fondo invirtió en la empresa de Yarvin, puso quince millones de dólares en el comité que apoyó la carrera de Vance al Senado. No hace falta suponer que alguien en el Departamento de Estado lo haya leído. Basta ver que la sanción a La Haya aplica su premisa, la de que una norma obliga solo a quien no puede pagarse la excepción. Esto último es opinión mía, y la firmo.
La sanción a La Haya aplica su premisa: una norma obliga solo a quien no puede pagarse la excepción.
El texto acierta cuando reprocha a los de abajo esperar el reparto sin entrar en la pelea. Se equivoca sobre qué pelea es esa. Casi todo el derecho que protege a quien no tiene armas lo arrancaron huelgas, pleitos, campañas y votos. Es fuerza, y no dispara.
La ley necesita respaldo
Una norma sin nadie dispuesto a sostenerla no sobrevive. La pregunta es qué fuerza la sostiene y ante quién responde.
Europa tiene una a mano desde 1996. El Reglamento 2271/96, el llamado estatuto de bloqueo, se aprobó contra las sanciones extraterritoriales que Washington imponía por Cuba, Irán y Libia, y prohíbe a las empresas europeas acatar las normas extranjeras que figuren en su anexo. Ampliado en 2018 contra las sanciones a Irán, no retuvo allí ni a Total ni a Siemens. El Gobierno de España pidió activarlo el 6 de mayo de 2026. En octubre, la Comisión respondió que sigue sobre la mesa, sin calendario. Falta la decisión: meter la orden ejecutiva 14203 en ese anexo, para que el banco que paga la nómina de una jueza en La Haya no pueda escudarse en Washington para cerrarle la cuenta. Mientras, sigue su curso la demanda que Human Rights Watch y otras tres organizaciones presentaron el 11 de agosto ante un tribunal federal estadounidense.
Atenas perdió su flota en Egospótamos en el 405 antes de Cristo. La noche en que la noticia llegó al Pireo, cuenta Jenofonte, nadie durmió en la ciudad: lloraban a los muertos y, más todavía, se lloraban a sí mismos, porque esperaban sufrir lo que ellos habían hecho a los melios.
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Referencias y fuentes consultadas
Daniel H. Cole. «An Unqualified Human Good: E. P. Thompson and the Rule of Law».
Médico de urgencias hospitalarias. Escribe sobre medicina, filosofía y, a veces, ficción: lo que queda cuando se apaga el ruido. Vive en el Mediterráneo con un beagle que sabe más de lo que aparenta.
