Un máster avaló la patologización de la diversidad sexual con créditos académicos. Detrás, una red clerical que llegó a proponer fármacos para “corregir” la homosexualidad. La ciencia lo llama tortura. La institución lo llama libertad de cátedra.
En septiembre de 2012, mientras la comunidad científica internacional completaba décadas de progreso en la despatologización de la diversidad sexual, en el campus de la Universidad Católica de Valencia (UCV) San Vicente Mártir se aprobaba un Trabajo de Fin de Máster con título revelador: “Adicción Sexual: Origen, desarrollo, efectos y terapia de un fruto de la Revolución Sexual”. Más de 150 páginas. Calificación oficial. Sello universitario. El alumno, Raúl Eguía. El tutor, el reverendo padre Juan Andrés Talens Hernándis, actual decano de estudios del Máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia y director del Secretariado para la Defensa de la Vida del Arzobispado de Valencia.
El documento equiparaba la homosexualidad con la pedofilia y recomendaba el uso de fármacos inhibidores de la libido —Prozac, Citalopram— para suprimir lo que sus autores denominaban “conducta sexual desordenada”. No era un ejercicio aislado de un estudiante descarriado. Era la base teórica de un sistema que, según testimonios de víctimas, operaba en centros de orientación familiar vinculados a la misma red clerical. Una lavadora ideológica con créditos ECTS.
El mecanismo: convertir identidad en enfermedad
La clave del documento —y del universo conceptual que lo sostiene— es léxica antes que clínica. La homosexualidad no aparece mencionada como tal. El término proscrito es sustituido por el acrónimo AMS: Atracción hacia el Mismo Sexo. El truco no es inocente. Despojar a la persona de su identidad para convertirla en un síntoma es el primer paso de cualquier patologización. Antes de administrar el remedio, hay que fabricar la enfermedad.
El marco teórico es herencia directa de Joseph Nicolosi, psicólogo estadounidense cuyas teorías sobre la llamada “psicología reparativa” fueron descartadas hace décadas por las principales asociaciones profesionales del mundo. La American Psychological Association (APA) desautorizó explícitamente sus métodos en 2009. En España, la Organización Panamericana de la Salud había señalado ya en 2012 —el mismo año en que este TFM se defendía— que las terapias de conversión no tienen justificación médica y representan una amenaza para la salud y los derechos humanos.
Nada de esto impidió que la UCV pusiera su sello.
Talens, el COF Mater Misericordiae y la red vaticana
El reverendo Talens no es un personaje periférico. Según las investigaciones publicadas por Levante-EMV, ha sido señalado como figura central del Centro de Orientación Familiar (COF) Mater Misericordiae de Valencia, una entidad en la que, de acuerdo con testimonios de víctimas recogidos por el mismo medio, se habrían ejecutado durante años prácticas de conversión sobre personas LGTBI+, incluyendo menores y jóvenes.
La cobertura institucional no venía solo de la UCV. Por encima de esta estructura local existe el Instituto Pontificio Juan Pablo II, red global nacida en Roma bajo la sombra de la Universidad Lateranense. Valencia fue una de sus sedes pioneras en el mundo. La misma doctrina —la llamada “Teología del Cuerpo”— circula entre sedes de Valencia, Murcia y Alcalá de Henares, compartiendo profesorado y marco ideológico. Entre las figuras señaladas en este entramado aparece también Belén Vendrell, que enfrenta querellas por estas prácticas a través del grupo “Verdad y Libertad”.
El Instituto Juan Pablo II cumple una función precisa en este engranaje: revestir de academicismo lo que organismos internacionales califican como tortura.
Lo que dice la ciencia (y la ley)
El consenso es inequívoco. Más de ochenta asociaciones profesionales de salud, medicina, psicología y psiquiatría de distintos países han ratificado que las terapias de conversión son inútiles y extremadamente dañinas. La OMS eliminó la homosexualidad de su Clasificación Internacional de Enfermedades en 1990. La Asociación Mundial de Psiquiatría concluyó en 2016 que no existen pruebas científicas sólidas de que pueda cambiarse la orientación sexual innata. El Grupo de Expertos Forenses Independiente de Naciones Unidas fue aún más directo en 2020: las terapias de conversión son timo, publicidad engañosa y fraude.
La ONU, por su parte, ha concluido que estas prácticas pueden equivaler a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. No como metáfora. Como categoría jurídica.
En España, la Ley 23/2018 de la Comunitat Valenciana y la Ley 4/2023 estatal las prohíben de forma taxativa. La segunda las califica de infracción muy grave, con sanciones de hasta 150.000 euros. El riesgo de ideación suicida entre quienes pasan por estos procesos es significativamente más alto que en la población general. Esto no es dato retórico. Es el efecto medible de enseñar a una persona que su forma de amar es una patología corregible con voluntad, rezo y, llegado el caso, Prozac.
La defensa de la UCV: un clásico
Frente a la tormenta, la Universidad Católica de Valencia ha ensayado el manual de la responsabilidad difusa. El trabajo —argumenta la institución— es un TFM individual elaborado por un estudiante en 2012. La universidad “garantiza un entorno de pluralidad académica”. Lamenta que se identifique “indebidamente el contenido de un trabajo individual con la postura oficial de la Universidad”. Y remata con el comodín que ninguna institución debería poder jugar cuando sus contenidos proponen medicar el deseo ajeno: la libertad de cátedra.
Esta defensa sería más convincente si el tutor del trabajo no fuera el actual decano del máster. Si el centro donde supuestamente se ejecutaban estas prácticas no estuviera conectado con los mismos actores. Si el máster en cuestión no siguiera vigente y en activo en la oferta académica de la UCV en este momento. Y si la institución hubiera condenado el contenido en lugar de refugiarse en la pluralidad.
La libertad de cátedra ampara el debate académico. No ampara presentar como ciencia algo que la comunidad científica internacional lleva décadas clasificando como fraude y daño.
El problema más grande: ocho leyes y cero sanciones
Aquí está la verdadera grieta del sistema. España dispone de siete leyes autonómicas y una estatal que prohíben las terapias de conversión. El resultado en términos de sanciones efectivas es prácticamente nulo. La única multa económica impuesta en años de legislación fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La impunidad no es accidental. Es el resultado de leyes que clasifican estas prácticas como infracciones administrativas cuando la evidencia acumulada justificaría tratarlas como lo que son: delitos contra la integridad moral.
La Federación Estatal LGTBI+ y Lambda han pedido a la Fiscalía de Valencia que investigue el máster. La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha exigido explicaciones al Consell y a la universidad. El PSPV ha hablado de “revestir el odio de ropajes académicos”. Todo correcto. Todo insuficiente si no va seguido de consecuencias reales para personas reales con nombres y apellidos.
Una universidad, un Estado, una responsabilidad compartida
Sería cómodo concluir que esto es un problema exclusivo de la Iglesia Católica y sus instituciones educativas. No lo es del todo. Las universidades privadas de inspiración religiosa operan con autorización y acreditación del Estado. Sus títulos son oficiales. Sus másteres constan en el registro de la ANECA. El Estado español ha sido cofinanciador indirecto, durante años, de una red que utilizaba créditos universitarios como cobertura para patologizar la diversidad sexual.
La pregunta que debería hacerse no es solo qué hizo la UCV. Es qué hicieron, o dejaron de hacer, los organismos de acreditación académica cuando este máster pasó sus revisiones. Y qué harán ahora.
La respuesta a esa pregunta determinará si España tiene realmente una legislación contra las terapias de conversión o solo un conjunto de declaraciones de intenciones con multas que los tribunales anulan y universidades que se escudan en la pluralidad.
Detrás de cada crédito de ese máster, hay alguien a quien le dijeron que su forma de amar era un error biológico susceptible de medicación. Algunos lo siguen creyendo. Otros no sobrevivieron para desmentirlo.
Referencias principales:
- Investigación de Levante-EMV (marzo 2026)
- Infobae España, 2 de marzo de 2026
- ONU / OHCHR: “Conversion therapy can amount to torture” (2020) — ohchr.org
- Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI
- Congreso de los Diputados, Serie B, proposición de ley sobre ECOSIEG
- APA (2009): Resolución sobre las terapias de reorientación sexual inapropiadas
- Newtral.es: “Terapias de conversión en España: no ha habido ninguna sanción efectiva” (2024)
- Eldiario.es: “Colectivos LGTBI+ denuncian un trabajo de la UCV” (marzo 2026)
Médico de urgencias hospitalarias con varias décadas en la trinchera. Escribe sobre medicina, filosofía y lo que queda cuando se apaga el ruido. Vive en el Mediterráneo con un beagle que sabe más de lo que aparenta.
